La Audiencia de Oviedo juzga a partir de este martes al matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en su vivienda familiar en las afueras de la capital asturiana.
El tribunal acordó que el juicio se celebre a puerta cerrada "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" y los perjuicios "del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad".
El matrimonio, que ingresó en prisión provisional dos días después de que fuese detenido el 28 de abril del pasado año tras una denuncia vecinal, se enfrenta a penas individuales que suman 25 años y cuatro meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal.
Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, mantuvieron encerrados entre diciembre de 2021 y abril de 2025 a sus hijos, dos gemelos de ocho años y otro niño de diez por un miedo infundado a un hipotético contagio, según el relato de la Fiscalía.
Así, el matrimonio encerró a los menores en el interior de la vivienda y los aisló de forma absoluta del mundo, "negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación", de modo que les privó de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales.
Los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir, y no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud.
El relato de los hechos
La familia residía en una vivienda tipo chalet en la zona rural de Oviedo, donde los menores, que estaban sin escolarizar, se encontraban encerrados en condiciones insalubres.
A raíz de una denuncia de una vecina que hizo llegar verbalmente a los servicios sociales del ayuntamiento, los agentes montaron un operativo de vigilancia que culminó con la entrada a la vivienda, donde encontraron a los tres niños, dos gemelos de ocho años y un niño de diez, con mascarillas y pañales, en unas estancias llenas de basura y de desperdicios.
Los detenidos habían alquilado la llamada ya "casa de los horrores" en octubre de 2021 y el padre se había empadronado en la misma en febrero del año siguiente por lo que era el único que constaba oficialmente como residente en esa vivienda.
Durante la investigación llevada a cabo durante las últimas dos semanas, los agentes de la policía local no vieron actividad alguna en la vivienda y solo pudieron ver al padre en la puerta para recoger el correo o los pedidos telemáticos de comida que hacían a grandes cadenas de distribución.
Además de las mascarillas con las que se cubrían todos los miembros de la familia, la policía encontró en el interior de la vivienda una gran cantidad de medicamentos.
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