Polémica en Francia por las duras medidas contra criminales

Tal como lo hiciera previamente la cámara de los diputados, el Senado ha adoptado hoy la versión definitiva del texto elaborada por una comisión paritaria.

El proyecto, impulsado por el Gobierno conservador, ha suscitado una avalancha de críticas por parte de abogados, magistrados, médicos y defensores de los derechos humano, y por la oposición de izquierdas, que ha decidido recurrirlo ante el Consejo Constitucional.

Hoy, en el Senado, el texto ha sido aprobado en una votación a mano alzada con el apoyo de los legisladores del partido conservador gobernante, UMP, y la mayoría de sus aliados centristas, mientras que la oposición de izquierdas votó en contra.

La medida, que inicialmente debía aplicarse sólo a pederastas, fue endurecida a su paso por el Parlamento para concernir a todos los criminales condenados considerados como peligrosos y susceptibles de reincidir.

Los que hayan sido condenados antes de la promulgación de la ley también se verán afectados por ésta, una retroactividad que ha suscitado las más fuertes críticas.

La ley prevé la creación de centros "socio-médico-judiciales" donde se podrá recluir a los criminales considerados peligrosos que han purgado ya su condena y que se teme que puedan reincidir.

El ingreso en estos centros tendrá una duración de un año renovable y se aplicará "a título excepcional", tras una decisión de la Sala de instrucción al constatar la peligrosidad del condenado y la probabilidad "muy alta" de reincidencia.

"Se trata de un texto importante y ambicioso", cuyo objetivo es "proteger mejor a los franceses", ha afirmado la ministra de Justicia, Rachida Dati, al defender el proyecto, que responde a una promesa hecha por el presidente, Nicolas Sarkozy, tras sonados casos de pederastas reincidentes el pasado verano.

Los críticos, por su parte, denuncian que el texto atenta contra la Constitución francesa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

"Pasar de una persona juzgada culpable a una persona a la que se supone peligrosa es pisotear un principio fundamental de nuestro derecho desde la Declaración universal de los derechos humanos", ha explicado la ex ministra de Justicia, la socialista Elisabeth Guigou.