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Cuando las creencias de una persona se oponen a la voluntad de un país

viernes 05 de diciembre de 2008, 02:30h
El presidente socialista Tabaré Vázquez vetó la norma que despenalizaba el aborto en medio del repudio popular, a pesar de que fue sancionada por los legisladores de su propio partido. ¿Pueden las convicciones personales de un mandatario desoír el reclamo de toda una sociedad en materia de derechos reproductivos?

En la mayoría de los países donde el aborto está despenalizado, no se trata de una norma basada en una decisión ideológica sino básicamente de política de salud pública: se tiene en cuenta que su práctica clandestina es la principal causa de muerte materna y que en un contexto democrático, los principios religiosos o morales de una porción de la población no debería ser una condena para el conjunto de las mujeres. Sin embargo, en América Latina, donde el mundo del revés tiene rey vitalicio, ni siquiera la bandera del progresismo o de lo que hoy se autodenomina izquierda alcanza para que el continente avance en materia de derechos reproductivos.

Esto es algo que se puso en evidencia con el reciente escándalo desatado por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien con su veto impidió la legalización del aborto en un país donde se realizan 33 mil abortos clandestinos por año. Es decir, dejó sin efecto una ley que el Congreso había votado el pasado 5 de noviembre con el apoyo de más del 60 por ciento de los uruguayos.

El argumento del mandatario, perteneciente a patido socialista que se unió a otras fuerzas políticas para formar el Frente Amplio y acceder al gobierno, fue basado en sus creencias personales como católico y como médico, postura que ya había adelantado en otras ocasiones. Así dejó en claro que el presidencialismo no es sólo la concentración de poder en una persona sino la posibilidad de darle la espalda a una decisión del Congreso, el principal órgano representativo. ¿Puede un presidente contradecir la voluntad popular y la de sus propios legisladores por un principio religioso personal? ¿Están sus preferencias por encima de las vidas de miles de mujeres?

La trastienda. Desde 1985, cuando Uruguay recuperó la democracia después de más de una década de dictadura militar, los derechos reproductivos empezaron a ganar espacio en las agendas legislativas. Reconocido como uno de los países más progresistas del continente –fue pionero en la ley de divorcio, en el sufragio de las mujeres y en la unión civil para las parejas del mismo sexo-, no sorprende que en los últimos 23 años se hayan presentado seis proyectos de ley para la despenalización del aborto con la idea de adecuar la ley a la práctica. Esto se fue dando en un contexto de creciente apertura entre la ciudadanía: según datos de Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), el porcentaje de adhesión a una ley de defensa de la salud reproductiva en su integralidad, pasó de un 25% en 1995 a un 63% en 2004.
En septiembre de 2007 estas iniciativas se concretaron con la media sanción que el Senado le dio a la ley que habilitaba el aborto hasta la semana 12 de gestación. La medida despertó la oposición férrea de la Iglesia en la voz del arzobispo de Montevideo, quien amenazó con excomulgar ipso facto a los diputados que apoyaran la propuesta. Pero más allá de las manifestaciones a favor y en contra, la acción legislativa avanzó hasta la resolución final de Tabaré Vázquez, adoptada hace poco menos de una semana, en un contexto político para nada casual.

Sucede que el debate legislativo por la despenalización del aborto estalló justo cuando la discusión por la candidatura para las próximas elecciones presidenciales empezó a copar la agenda política y los rumores de reelección de Tabaré Vazquez –algo que no está permitido en la Constitución- empezaron a deslizarse. Si bien el actual jefe de gobierno confirmó que no se postulará para las próximas elecciones, para muchos analistas políticos el hecho de que su propio partido haya sancionado una ley con la que Vázquez no estaba de acuerdo, fue una herramienta del Frente Amplio para poner en evidencia las diferencias entre el partido y el mandatario. Como se dice por estos pagos: los frenteamplistas “corrieron por izquierda” al primer presidente de extracción socialista en la historia del Uruguay.

La cuestión se agudizó aún más cuando los legisladores oficialistas intentaron obtener quorum para que se dejara sin efecto el veto contra la ley de aborto. Algo que no pudieron conseguir por falta de apoyo de la oposición, que, paradójicamente, se puso del lado del presidente.
La deuda de América Latina. En sólo una semana, Uruguay pasó de ser el país más avanzado en materia de salud sexual y reproductiva del continente latinoamericano, a convertirse en el triste ejemplo del atraso que sufre la región en comparación con los países desarrollados. En la actualidad, el aborto es técnicamente ilegal en casi toda América Latina, donde mueren más de 6 mil mujeres al año por complicaciones en las intervenciones clandestinas. Las legislaciones van desde la criminilización con pena de cárcel hasta su habiltitación sólo en casos específicos. Los únicos países en los que está despenalizado son Puerto Rico, Cuba, Guyana Francesa, Guayana y Barbados. Está totalmente prohibido en Chile –donde se hacen 150 mil abortos por año-, El Salvador, Honduras, las Antillas Holandesas, República Dominicana y Nicaragua.

En la Argentina, a pesar de contar con una presidenta mujer autoproclamada de izquierda y progresista, sólo se permite en los mismos casos que se extablecieron en 1921: violación de una mujer discapacitada mental y peligro de la vida de la madre. Colombia, donde el aborto es la segunda causa de muerte materna, es uno de los últimos países en avanzar hacia la despenalización relativa, al permitir, a partir de 2006, que se practique en tres casos: violación, riesgo de muerte para la madre y malformaciones del feto.
Pero, al parecer, de nada sirve que los movimientos y organizaciones a favor de la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos aclaren que la legalización del aborto no implica la promoción del aborto, sino que, por el contrario, obliga a un país a tomar medidas más serias para evitar los embarazos indeseados, a trabajar en políticas de anticoncepción, en educación sexual y, por sobre todo, a regular una práctica que, por más que esté prohibida, causa miles de muertes. Cabe preguntarse, entonces, si además de las trabas religiosas o morales y de la presión de la Iglesia, no existe la falta de voluntad política y económica de destinar recursos para quienes, en los países del Tercer Mundo, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad: las mujeres.

Fernanda Nicolini

Periodista

Fernanda Nicolini es periodista. Actualmente escribe en el diario Crítica de la Argentina

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