El Instituto Cervantes ha perdido de forma definitiva la batalla judicial que mantenía desde hace más de tres años para hacerse con la enseñanza del español en las instituciones europeas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado este jueves los recursos presentados tanto por el Gobierno de España como por el propio Instituto contra la decisión de la Comisión Europea de adjudicar en 2021 ese contrato al centro belga Centre de Langues-Allingua (CLL).
La sentencia confirma que la adjudicación del contrato marco al CLL fue conforme a derecho, y ratifica que la institución belga presentó una oferta con mayor calidad técnica (94 puntos sobre 100) frente a los 82 puntos obtenidos por el Instituto Cervantes, dirigido por Luis García Montero. Pese a que la oferta económica española era más barata —2,67 millones frente a los 3,47 millones de CLL—, el peso predominante del criterio de calidad (70% frente al 30% del precio) inclinó la balanza a favor de la academia belga.
El fallo supone un revés para el Cervantes, que aspiraba a erigirse como proveedor principal de formación en español para los funcionarios comunitarios. La Comisión Europea había argumentado, además, que ciertos elementos clave de la propuesta técnica del Cervantes —accesibles únicamente a través de hipervínculos— fueron descartados por incumplir las normas del pliego, lo que perjudicó la evaluación final de la oferta española.
España y el Cervantes denunciaron una supuesta falta de motivación, errores de hecho y trato desigual en el proceso de valoración. Pero el TJUE ha rechazado todos los motivos de casación, cerrando así la vía judicial y avalando plenamente el modelo de adjudicación basado en la calidad técnica priorizado por Bruselas.
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