Vicios de la partitocracia

La esencia del valor ético Democracia está en la soberanía del pueblo. Pero ésta sólo se manifiesta cada cuatro años en las elecciones generales, y ocasionalmente en algún referendum. Mientras tanto se supone que los diputados elegidos debieran poner por obra la voluntad de sus electores. En todo caso, la soberanía del pueblo es lo principal y los partidos políticos son lo secundario.

En teoría los partidos políticos deberían obedecer a la soberanía del pueblo. Pero en la práctica, los políticos nunca lo harán, a menos que existan mecanismos legales que les obliguen a someterse a voluntad popular. Múltiples intereses espurios pueden impedirlo, empezando por ansia de poder de los políticos. Y entonces la democracia degenera en partitocracia. Comeros heis las manos por el gobierno, amigo Sancho, que es dulcísima cosa mandar y ser obedecido.

El error básico de la Constitución de 1978 consistió en creer que bastaba restaurar los partidos políticos, para que surgiera milagrosamente la verdadera democracia. En vez de establecer prudentes cautelas para impedir la siempre amenazante partitocracia, se dieron todas las facilidades a los políticos para que hicieran lo que les diera la gana hasta las próximas elecciones generales, sin tener en cuenta mientras tanto a los verdaderos titulares de la soberanía nacional. Por eso hemos llegado a la presente aberración de Pedro Sánchez y su mafia. O como decía cínicamente Tierno Galván, las promesas electorales están para no cumplirlas.

Dicho al revés. Este mismo grueso error aparece también en la peyorativa palabra dictadura, tan frecuentemente aplicada a los cuarenta años de régimen franquista. No había partidos, de acuerdo. Pero había sintonía de hecho con la voluntad de la gran mayoría de la gente, como bien lo prueban las fotografías de las manifestaciones en la Plaza de Oriente. Se acertaba en lo principal, aunque se errase en lo secundario. Justo lo contrario de lo que sucede ahora: se cumple con lo secundario -hay partidos políticos-, pero se yerra en lo principal -no es el pueblo el que manda, sino los partidos-.

Quizá el peor de los vicios de la partitocracia consista en la financiación de los partidos políticos a cargo del erario público. La actual Constitución establece que sean financiados obligatoriamente por los ciudadanos. Eso equivale a independizar a los elegidos de sus electores. Se otorga a la casta política patente de corso para gastar lo que quieran a cargo de los ciudadanos. Basta consignar el importe de este expolio legal en los Presupuestos Generales del Estado.

En la dura realidad actual, nuestros políticos, tanto de derechas como de izquierdas, han caído todavía mucho más bajo. Han llegado al robo más descarado e impúdico. Al tiempo que se compraban mascarillas para el atajar el Covid, ingresaban en su bolsillo sustanciosas comisiones. Han llegado a la más grosera corrupción.

Con todo, achaquemos esta lamentable miseria moral a la degeneración de las costumbres, que es general en todo Occidente. Dejémoslo aparte. Lo que queremos enfatizar aquí de modo teórico es que, si los partidos se financian con cargo a los Presupuestos del Estado, se esfuma su dependencia de la soberanía popular. Incluso en el supuesto -imaginario ahora en España- de que los políticos no robasen. Lo secundario elimina a lo principal y se convierte en lo único.

Recordemos la distinción entre servicio y profesión en el político, tan encarecida por Max Weber. En el verdadero político prevalece la intención de servir a los demás sobre la motivación meramente económica. No se trata sólo de ganar dinero honradamente en un oficio o profesión. Se supone que existe además una vocación política, una entrega, una voluntad de sacrificio por los demás, algo parecido a la vocación del sacerdote o del médico. Por eso hubo un tiempo en que el cargo de Alcalde no estaba remunerado por un sueldo. Sólo recibía dietas por viajes, o compensación por gastos no imputables a su bolsillo privado. Servir al interés general era un honor, que se estimaba más que la retribución económica.

Otra funesta consecuencia de la financiación de los partidos políticos con dinero público es la mediocridad. Los mejores y más dotados prefieren la empresa privada. Sus superiores cualidades son puestas a prueba en un mundo competitivo, que exige la constante superación de uno mismo. En cambio, los mediocres prefieren la burocracia de los partidos. Se asciende dando coba al jefe, y se acaba siendo diputado o senador. Se falsean los méritos académicos. Eso explica la deficiente categoría humana e intelectual de la mayoría de nuestros parlamentarios actuales.

Ortega hablaba en su tiempo de tenores, payasos y jabalíes. Si levantara la cabeza en nuestros días sin duda bajaría drásticamente el listón: chinches, cucarachas y mosquitos. Una buena medida para elevar su nivel intelectual y humano sería exigir para ser diputado o senador diez años de trabajo en la empresa privada, preferentemente en alguna multinacional, donde hay mayor competitividad.

Por otra parte no hay democracia interna en los partidos. En las votaciones sólo hay que estar atentos a la orden del jefe. La palabra transfugismo se aplica con sentido peyorativo a los que se atreven a pensar por sí mismos. Ningún diputado es capaz de llevar la contraria al jefe. Vive de la política. No piensa en el bienestar general, sino en hacer carrera dentro del partido. ¿Quién se acuerda ya de la llamada soberanía del pueblo?

Obviamente, si los partidos políticos vivieran exclusivamente de las donaciones que pueden obtener de sus votantes o simpatizantes, sean personas o empresas, cabría esperar un aliciente para que los jóvenes más dotados y emprendedores se dedicaran al servicio público. Y sobre todo, los partidos tendrían que hacer méritos y trabajar firme para financiarse. Se acabaría la ganga de tener el dinero asegurado, con independencia de que se haga o no lo que los electores esperan. Se terminaría con la perversa mentalidad actual de que hay cuatro años por delante hasta las próximas elecciones, y mientras tanto los partidos pueden pasar olímpicamente de la teórica soberanía popular.

Un segundo vicio, que ha propiciado que el estado de derecho, que comenzó en 1978, haya degenerado en la más abyecta partitocracia, está en no haber garantizado la completa independencia del poder judicial frente a los otros de poderes, el Gobierno y el Parlamento.

Tiene sentido que el poder legislativo y el ejecutivo estén en manos de los partidos políticos. Eso está dentro del contenido del valor ético Democracia. Lo que no tiene sentido alguno es que los partidos políticos, a través del Parlamento y del Gobierno, tengan influencia efectiva en la composición del Consejo del Poder Judicial, y menos aún en el Tribunal Constitucional. Clama al cielo que la Justicia en España haya quedado paralizada durante años por las disputas entre los partidos para controlarla. Mientras ese vicio no se corte de raíz, nunca habrá en España una verdadera democracia, digna de este nombre. No hay efectiva independencia del poder judicial. Y en consecuencia no hay efectiva garantía jurídica para el ciudadano de a pié.

Esta aberración ha llegado al colmo, cuando en la pomposamente llamada Carta Magna se declara al Tribunal Constitucional garante de la misma. Pero en la dura realidad, tanto la impunidad final de Chaves y Gríñan por los ERE como la amnistía de Puigdemont, han hecho del TC el garante de la impunidad de los políticos delincuentes.

Un tercer fatal vicio de nuestra Constitución lo encontramos la proliferación de pequeños partidos, grupúsculos que no defienden intereses generales, sino expresan sentimientos resentidos y revanchistas. Siguiendo a Scheler, entiendo por Resentimiento los falsos sentimientos de algunas minorías de haber sido ofendidas, y sus enfermizas ansias de desquite por injusticias inexistentes. El caso paradigmático son nuestros nacionalistas catalanes y vascos. España nos roba, pero Cataluña no paga el enorme déficit que tiene con el Estado. Y la industria floreció en el País Vasco prohibiendo al resto de los españoles comprar más barato en el mercado internacional. El agradecimiento ha consistido en el terrorismo de ETA y el intento de golpe de estado en Cataluña.

Haber exigido en 1978 un 3% de los votos para ser diputado o senador, en vez del 5% habitual, explica la proliferación actual de partidillos en ambas Cámaras, que paraliza el eficaz funcionamiento del Congreso y del Senado. Estamos en torno a veinte partidos políticos.

Obviamente se puede ir mucho más lejos al detallar los deletéreos vicios de la partitocracia. Por ejemplo, los partidos tienden a anteponer sus intereses particulares por encima del interés nacional. Basta ver lo que hacen ahora Pedro Sánchez y su mafia. Y si se quiere un bien ilustrativo caso histórico, cfr. el incidente Olózaga en el excelente libro de Isabel Burdiel “Isabel II, Una Biografia”. (Ed. Penguin House, pag. 144 ss).

Con todo, creo que los tres temas arriba indicados son suficientes para convencernos de que hay que cambiar de urgencia la Constitución vigente.

No niego a los titulares de la soberanía del pueblo en 1978 su derecho a equivocarse, cuando no aseguraron que los partidos políticos estuvieran debidamente embridados. Sólo sostengo que los titulares de la soberanía en 2025, tienen el mismo derecho a corregir tal error, que aquellos tuvieron para cometerlo.

O sea, en vez de los 2/3 en Congreso y Senado, pedidos por la actual Constitución, aprobar con la mitad más uno un texto, que se someta luego a los ciudadanos actuales en las mismas condiciones del Referendum de 1978.