Un paso más hacia la independencia: el Gobierno cederá la gobernanza de los aeropuertos catalanes

El Gobierno ya negocia con ERC la cesión de la gobernanza del sistema aeroportuario catalán, que incluye el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, según ha reconocido este lunes la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa en la que explicó que el interlocutor en esta negociación no es solo ERC, sino el propio Ministerio de Transportes y Aena.

Moret recordó que la cuestión de la gestión de los aeropuertos forma parte del acuerdo de investidura alcanzado entre los socialistas y ERC para garantizar la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalidad y que en estos momentos se está trabajando en esa línea dentro de un espacio de diálogo estable y basado en la confianza entre ambos partidos.

La cesión aeroportuaria, que supondría un paso inédito en la descentralización de las infraestructuras del Estado, se produce en un contexto marcado por la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de afianzar mayorías parlamentarias tanto en el Congreso como en el Parlament de Cataluña para poder aprobar tanto los presupuestos generales como los catalanes.

Como es bien conocido, desde el inicio de la legislatura, Sánchez ha recurrido a acuerdos con fuerzas separatistas que han implicado concesiones de gran calado. En 2021 su Ejecutivo aprobó los indultos a los líderes del procés y en 2022 impulsó la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación. Más adelante, tras las elecciones generales, se aprobó la ley de amnistía de 2024, que borró las causas judiciales derivadas del procés.

Junto a estas decisiones judiciales, el Gobierno también ha cedido competencias a la Generalidad en materia de inmigración, otorgando un papel a los Mossos d’Esquadra en la gestión de fronteras y en los centros de internamiento de extranjeros, siempre en coordinación con los cuerpos estatales.

En el terreno económico, una de las cesiones más significativas llegó en febrero de 2025, cuando se condonaron 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña en el marco de las negociaciones con ERC, una medida que generó un intenso debate político en el resto de comunidades autónomas. Además, la cuestión de la financiación singular de Cataluña, es decir, la independencia fiscal, quedó pactada a fines del curso pasado, con la cesión del IRPF como medida estrella desde 2027.

En paralelo, la ampliación del aeropuerto de El Prat también se ha utilizado como elemento de negociación y símbolo de trato diferencial, con inversiones millonarias previstas para Cataluña mientras otras infraestructuras, como el aeropuerto de Alicante-Elche, se han visto relegadas en los planes del Ejecutivo. La cesión de la gobernanza aeroportuaria se interpreta así como un nuevo eslabón en una cadena de concesiones con las que Sánchez ha buscado sostener la legislatura y afianzar apoyos independentistas tanto en el Parlament como en el Congreso.

De esta forma, la futura gestión catalana de los aeropuertos no se entiende únicamente como un acuerdo técnico en torno a la administración de infraestructuras estratégicas, sino como parte de un proceso político más amplio en el que el Gobierno central ha ido entregando competencias y beneficios a cambio de seguir a toda costa en el poder, aun en contra de los intereses del Estado.