Cuatro años después de la erupción de La Palma, el Gobierno sólo ha entregado un 25% de las ayudas prometidas

Hoy se han cumplido cuatro años de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, un desastre que devastó viviendas, fincas agrícolas e infraestructuras enteras, y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares.

Pero a pesar de los anuncios oficiales y las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez, la realidad refleja una lentitud y un incumplimiento persistente: sólo alrededor del 25% de las ayudas comprometidas por el Ejecutivo central han sido realmente transferidas o abonadas.

Desde el principio, el Estado anunció un vasto paquete de medidas de reconstrucción y compensación para La Palma. El Real Decreto-ley 20/2021 declaraba la isla como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y establecía ayudas urgentes a personas, viviendas, explotaciones agrícolas e infraestructuras dañadas.

Sin embargo, las cifras disponibles y los informes públicos muestran que la entrega del dinero ha sido muy desigual y cada vez más lenta.

Las administraciones han movilizado en total 470,2 millones de euros desde el Gobierno de España en concepto de ayudas tras la erupción, lo que constituía aproximadamente un 80 % del presupuesto estimado inicialmente (591 millones), según datos del Comisionado para La Palma.

Pese a ello, en los años posteriores la isla ha seguido reclamando el cumplimiento efectivo de transferencias estatales, y buena parte de los recursos ha quedado pendiente de repartir o ejecutar.

Organismos locales y asociaciones denuncian que el Ejecutivo central adeuda entre 200 y 265 millones de euros para los años 2024 y 2025.

La Asociación de Entidades Empaquetadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (ASEPALMA) ha alertado de que el Estado no ha transferido los 100 millones de euros anuales previstos en los Presupuestos del Estado para la reconstrucción agraria durante 2024 y 2025, lo que paraliza la recuperación del Valle de Aridane.

El Cabildo de La Palma ha asumido por su cuenta una parte muy significativa del coste, incluso adelantando fondos locales y cubriendo el 25 % de la financiación de algunos proyectos por falta de compromiso estatal.

En marzo de 2025, la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias advirtió que la isla “sigue esperando ayudas de más de 100 millones de euros del Estado para reconstruir fincas del volcán”.

Tomando en cuenta estos datos y el déficit de cumplimiento real, muchos analistas y afectados estiman que la proporción efectiva de ayudas estatales pagadas o trasferidas no supera el 25 % de lo comprometido.

Vivienda y realojo

Para muchas personas, la recuperación ha sido lenta o casi inexistente. Algunas familias siguen en viviendas temporales o en contenedores, con realojos provisionales que nunca se han convertido en soluciones definitivas.

Las trabas administrativas, las moratorias de hipotecas que han expirado, y las ayudas estatales retenidas por falta de transferencias han dejado a los palmeros “más vulnerables que hace unos años”, según afectados citados en medios locales.

Agricultura y reconstrucción del campo

La espera por las partidas agrarias estatales está frenando la recuperación productiva de la isla, especialmente del cultivo del plátano y otras explotaciones agrícolas afectadas por las coladas de lava.

Sin la transferencia de los 100 M€ anuales previstos, los agricultores no pueden reparar ni recomponer sus fincas, y muchas explotaciones permanecen paralizadas. El presidente del Cabildo ha alertado de que la falta de ayuda estatal está impidiendo mejoras urgentes en la red viaria y los accesos rurales, así como la limpieza y mantenimiento del territorio.

La inacción estatal ha forzado al Cabildo a adelantar recursos y asumir parte de los costes, una situación insostenible en una isla con recursos limitados.

Institucional y social

El retraso sistemático de las ayudas ha generado un fuerte desgaste institucional y una pérdida de confianza entre la ciudadanía afectada. Las instituciones locales y autonómicas, especialmente el Cabildo, han denunciado públicamente lo que llaman un “incumplimiento sistemático” por parte del Gobierno central y exigen mecanismos más ágiles, transparencia y una hoja de ruta clara para cerrar definitivamente la etapa de emergencia volcánica.

También existe malestar político y social ante la percepción de que las promesas realizadas han sido usadas como discurso político sin que existan mecanismos efectivos de control y seguimiento del cumplimiento real de los compromisos.

El Ejecutivo ha activado fondos de contingencia en varias ocasiones. En marzo de 2025, el Consejo de Ministros autorizó una nueva aplicación del Fondo de Contingencia por valor de 7,5 millones de euros, de los cuales 3,5 millones se destinaron a la reconstrucción de infraestructuras y viviendas, y otros 2,5 millones a reforzar la protección civil y la atención urgente en la isla.

Además, en agosto de 2025 el Ministerio de Hacienda autorizó una subvención complementaria de más de 6 millones de euros al Cabildo de La Palma para cumplir con las obras de reparación y restauración previstas en el Real Decreto-ley 20/2021.

Sin embargo, las críticas señalan que esas transferencias llegan demasiado tarde, y que el volumen de recursos sigue siendo muy insuficiente para cerrar las heridas de la erupción o reactivar con garantías la economía isleña.

Perspectivas y retos pendientes

A día de hoy, transcurridos cuatro años desde la catástrofe, La Palma sigue en una fase de reconstrucción desigual, fragmentada y con enormes desigualdades entre los afectados dependientes del tejido productivo agrario, la reconstrucción de viviendas y las infraestructuras públicas.

Los retos más urgentes son:

1. La ejecución rápida de las partidas pendientes del Estado para cerrar definitivamente la emergencia.

2. La agilización de los mecanismos burocráticos de concesión de ayudas y el refuerzo de la coordinación interadministrativa.

3. El replanteamiento de los mecanismos de realojo y vivienda permanente para los afectados, evitando que los damnificados queden atrapados en soluciones temporales sin horizonte definitivo.

4. La reconstrucción agraria como clave para la reactivación económica de la isla, que exige no sólo transferencia de fondos, sino inversión productiva y planificación a largo plazo.

Mientras tanto, muchos palmeros siguen reclamando que las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez no se queden en anuncios y titulares, sino que se traduzcan en ayudas reales, suficientes y en plazo para que la isla deje de depender de soluciones provisionales y empiece de una vez por todas a vivir de nuevo con estabilidad y dignidad.