El Gobierno aprueba tipificar la violencia vicaria como delito con hasta tres años de cárcel

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y reconoce como víctimas no solo a los hijos e hijas menores, también a familiares y parejas de las mujeres.

El texto, primera ley integral sobre esta cuestión, define la violencia vicaria como "aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes", personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima.

Introduce en el Código Penal un nuevo artículo que tipifica la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral de las mujeres con penas de prisión de seis meses a tres años, y también incluye la pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes y evitar así que se repita lo que sucedió con el asesino José Bretón y el libro 'El odio'.

Penas de seis meses a tres años

El anteproyecto introduce en el Código Penal un nuevo artículo, el 173 bis, que castiga con penas de seis meses a tres años la violencia vicaria e incluye como pena accesoria la prohibición de tenencia de armas entre 3 y 5 años.

También obliga a escuchar a los menores antes de decidir sobre el régimen de guardia y custodia y solo se prescindirá de su intervención como excepción que tendrá que ser motivada.

Asimismo, modifica la ley orgánica del Poder Judicial para la formación obligatoria de jueces y fiscales en esta materia como elemento indispensable de acceso y promoción a las carreras judicial y fiscal.

El anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, impulsado por Igualdad, tiene a Justicia y a Juventud e Infancia como coproponentes. Una vez aprobado en primera vuelta en el Consejo de Ministros, tendrá que recibir los informes de los órganos constitucionales, para volver a ser revisado por el Gobierno, que lo enviará al Congreso.