El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que endurece los requisitos para la creación de nuevas universidades y centros universitarios en España. La decisión, adoptada por el Consejo de Ministros, busca elevar los estándares de calidad y solvencia en el sistema superior, pero ha sido tachada por Ayuso como un "golpe" y un acto de "pura arbitrariedad".
La crítica de la Comunidad de Madrid
La presidenta regional ha calificado la norma como un Real Decreto "que ataca a las universidades privadas", asegurando que es un golpe contra la libertad de empresa, la libertad educativa, la libertad de expresión y la seguridad jurídica. Además, la líder madrileña sostiene que la ley ataca las "competencias legítimas de cada comunidad autónoma" y que está "hecha a medida de los nacionalistas" una vez más. Díaz Ayuso concluyó que, si bien la Comunidad de Madrid es "perjudicada", no es la única región afectada, por lo que su gobierno alzará la voz.
El Real Decreto busca garantizar la calidad y sostenibilidad
La postura del Gobierno central, defendida por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es que el Real Decreto es un compromiso para "defender la calidad, equidad y prestigio del sistema universitario español" y busca que ninguna universidad sea "pensada únicamente como negocio".
Entre las principales exigencias que introduce la nueva norma se encuentran:
- Compromiso con la I+D: Las universidades deberán invertir el 5% de su presupuesto en investigación y captar recursos externos equivalentes al 2%.
- Cualificación del Profesorado: Al menos el 50% del profesorado deberá ser doctor y el 60% deberá tener experiencia acreditada en investigación.
- Masa Crítica y Multidisciplinaridad: Se exige un mínimo de 4.500 estudiantes, con oferta de titulaciones de grado, máster y doctorado en al menos tres ramas de conocimiento.
- Solvencia y Acreditación: Las nuevas universidades deberán demostrar solvencia económica mediante un aval. Además, su autorización requerirá ahora un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de las agencias de calidad autonómicas.
La ministra Morant justificó la medida recordando que, en la última década, el número de estudiantes en universidades privadas ha crecido un 129%, frente al 2% en las públicas, lo que, según la ministra, está provocando el alza de las notas de corte y un posible acceso a la educación superior en función de si la familia puede costearla.
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