Casi todos los días aparece en unos u otros periódicos una página entera, cuando no más, con el marchamo del “Gobierno de España”, que supuestamente publicita algo que el Gobierno quiere dar a conocer, aunque las más de las veces contienen mensajes completamente banales o de simple recordatorio de lo bien que supuestamente lo están haciendo. Pasa también en otras diversas realidades del mundo radiofónico y de los medios digitales.
Es evidente que se trata pura y simplemente de aportar una cantidad de dinero nada desdeñable a la empresa periodística o de comunicación correspondiente, que, naturalmente, el Gobierno puede dar…o retirar, con las implicaciones que no hace falta explicitar, pero que difícilmente dejarán de afectar al pleno ejercicio de la libertad de expresión. Y no se sabe que se aplique al otorgamiento de tales “favores” procedimiento administrativo alguno que contenga las debidas garantías para la igualdad y las libertades en juego, como debe hacerse con cualquier subvención o ayuda pública. Es una zona obscura de las relaciones entre el Poder político y los medios de la opinión pública, llamados precisamente a informar de la actuación de aquél y a hacer una razonable revisión crítica de ella; o de las relaciones del Poder público con medios de difusión musical, o de otros variados contenidos de telecomunicaciones, que tienen muy amplia difusión popular, especialmente quizás entre gente más joven. Unas relaciones en las que, de ordinario, actuará de intermediaria alguna empresa de publicidad con la que el Poder público contrata, haciéndose más opaca la intervención.
Tenemos en el Estado una pomposa Ley 29/2005 –con retoques ulteriores- que supuestamente regula lo que se llama la “publicidad y comunicación institucional”, y que no deja de contener disposiciones que no se sabe bien en qué medida se cumplen, pero que, sobre todo, no aborda la seria cuestión del modo de insertarse las correspondientes comunicaciones –aunque lo hagan empresas contratadas- en los medios libres. Y no faltan disposiciones legales análogas de las Comunidades Autónomas.
Lamentablemente lo dicho no solo es práctica del “Gobierno de España”, porque, aunque seguramente con menos asiduidad, o con menos medios, se ve lo mismo o parecido a cargo de unos u otros Gobiernos autonómicos y locales. Quizás por ello no se sabe de que, por ejemplo, en las Cortes Generales alguien pida cuentas al “Gobierno de España” de lo que está haciendo en toda España al respecto.
Pero alguna vez habría que tratar de esto clara y objetivamente.
La prensa escrita viene atravesando conocidas dificultades para su sostenimiento. Pero no puede aceptarse, en un Estado de Derecho, en un sistema libre y democrático, que el dinero de los contribuyentes acuda en su socorro a través de los gobiernos de turno. Si un apoyo público pudiera justificarse –lo que, como mínimo, resulta más que dudoso- habría de ser con reglas claras que garantizaran su absoluta imparcialidad, sin concesión alguna a discriminaciones, cualquiera que sea el modo directo o indirecto que se arbitre para hacer llegar el dinero público en forma de publicidad institucional.
Y, desde luego, es completamente inaceptable –y contrario a la Ley que hemos mencionado- que el gobierno correspondiente use los recursos públicos para hacer propaganda de su labor del gobierno en tono partidista, con mensajes que expresa o implícitamente proclamen lo que pueda considerar como beneficios de su específica acción para la sociedad. Más aún si tratan de presentar a la población como cosa de todos, siquiera sea parcialmente, lo que, con toda evidencia, es rechazado por partes relevantes de ella.
Una página entera de ayer y de hoy –veremos si la serie continúa- celebra los 50 años de “España en Libertad”, y dirige con grandes letras un mensaje al ciudadano de que “La democracia es tu poder”, que sintetiza así: “Poder opinar. Poder creer en Dios. Poder no creer. Poder ser de derechas, de izquierdas, de centro. Poder ser de nada. Poder abortar. Poder casarte con quien quieras. Poder divorciarte las veces que quieras. Poder ser monárquico. Poder ser republicano. Poder morir con dignidad. Poder ser nacionalista, progresista o conservador. Poder estudiar en tu lengua. Poder querer sin miedo. Poder luchar por lo que crees. Poder cuestionar a los poderosos. Poder cuestionar las noticias. Poder cuestionar este anuncio. Poder apoyarlo”.
Buena mezcla de churras con merinas, verdades, verdades a medias y falsedades, derechos y libertades incuestionables, con otros que no lo son tanto o que simplemente no lo son, en frívola mezcla de alternativas de entidad y relevancia muy desiguales, que se mencionan como del mismo rango. Con otras implicaciones subliminales de no poca relevancia: para este Gobierno de izquierda radical que lanza estas soflamas parece que la democracia solo empodera para que cada uno haga lo que le pete, en radical individualismo, como si la libertad, sin la que toda democracia es pura farsa, no incluyera precisamente –y como dimensión especialmente importante- el poder llevar a cabo todo tipo de iniciativas solidarias y responsables de servicio a los demás, al bien común social; ni asomo de lo que puedan ser la libertad de enseñanza, la libertad de empresa, la libertad profesional y de trabajo, el derecho a engendrar dignamente y a educar nuevas vidas humanas en la solidez estable de una familia con padre y madre, etc., etc.
Qué legitimidad tiene el “Gobierno de España” para emplear el dinero de nuestros impuestos en este tipo de campañas, o en cualesquiera otros eslóganes, inyectándolo, más o menos arbitrariamente –aunque pueda hacerlo con empresas interpuestas- en la prensa supuestamente libre.
Si (
No(
