El Partido Popular ha comenzado a barajar un escenario que hasta ahora había rechazado públicamente: la presentación de una moción de censura instrumental contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La idea, negada en otras ocasiones por Génova, ha tomado fuerza en los últimos días ante la presión de sus socios parlamentarios y el avance de la investigación judicial sobre los presuntos pagos en metálico realizados en la sede socialista de Ferraz entre 2017 y 2024.
Según confirman fuentes populares, la "carta" que el PP se reserva es activar esa moción en caso de que el PSOE sea imputado como persona jurídica por financiación ilegal, un movimiento que pondría a prueba la coherencia de los aliados de Sánchez, quienes durante años exigieron responsabilidades políticas al PP por casos como Gürtel, Bárcenas o los escándalos de la etapa del PP valenciano.
El cálculo de Génova es claro: una moción forzaría a los socios parlamentarios del Ejecutivo —especialmente a los de izquierda— a decidir si cumplen con el nivel de exigencia frente a la corrupción que defendieron en el pasado o si amparan al PSOE pese a las investigaciones judiciales en curso. “El país tendría que reaccionar si se cruzase la línea roja de imputar al PSOE como estructura”, advirtió ayer el secretario general del PP, Miguel Tellado, en Al Rojo Vivo, en una declaración que sonó a aviso.
La filtración coincide con un momento de máxima tensión parlamentaria. Junts, que ha amenazado con vetar todos los proyectos de ley del Gobierno salvo los ya pactados o beneficiosos para Cataluña, deslizó semanas atrás que un escenario judicial adverso para los socialistas abriría un debate sobre la legitimidad del Ejecutivo. Fuera de micrófono, dirigentes posconvergentes admiten que la moción de censura, o alguna "respuesta institucional extraordinaria", estaría sobre la mesa si Ferraz cruza la línea roja que ellos mismos fijaron.
La crisis interna del PSOE añade presión. En la Ejecutiva Federal celebrada esta semana, ningún dirigente alzó la voz contra la estrategia de Sánchez, en un clima que algunas fuentes del partido califican de “cobardía generalizada”. La legislatura vive un bloqueo persistente, políticamente erosionada por los casos que salpican al entorno del Gobierno y por el aislamiento creciente del grupo socialista.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional continúa investigando un posible sistema de reembolsos opacos, sobres y pagos sin registro bancario, algunos vinculados al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. El juez Ismael Moreno ha solicitado al PSOE documentación detallada de los ejercicios 2017-2024 al considerar que la trazabilidad del dinero no coincide con la versión oficial.
Para el PP, si la imputación se confirma, la moción de censura —cuyo único fin sería convocar elecciones generales— serviría para marcar un punto de inflexión, someter a los socios del Gobierno a un “espejo moral” y consolidar el relato de un PSOE “bajo sospecha judicial”. La falta de apoyos necesarios ha sido hasta ahora el principal argumento de Feijóo para rechazar la iniciativa; sin embargo, el escenario judicial podría modificar esa posición.
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