Perversión de la Democracia

Basta ver en la prensa y la televisión la fotografía del Fiscal General del Estado sentado con su toga en el banquillo de los acusados, y mucho más la furiosa reacción de la izquierda contra la sentencia condenatoria, para convencernos de que en España se ha pervertido la Democracia. Y se ha pervertido de raíz. Ha degenerado en la peor especie de lo que se suele denominar despectivamente Partitocracia. El interés de los partidos prevalece sobre la voluntad de la mayoría de los ciudadanos.

Sin duda los partidos políticos son esenciales para que haya Democracia. Escribo Democracia con mayúscula, porque la considero un verdadero y genuino valor ético. Cumple la Regla de Oro. Si todos viviésemos de hecho la Democracia, todos saldríamos ganando y nadie perdiendo.

Pero en la práctica la Democracia no funciona si el número de partidos políticos pasa de 4. Funciona con 2, si con suerte hay dos personas inteligentes y capaces de entenderse entre sí, como fueron Cánovas y Sagasta. También está claro que el número 3 es el preferible. Lo hemos visto de sobra en el Reino Unido. Incluso con 4 partidos políticos se puede ir adelante aunque con dificultad, como ha ocurrido en la Alemania de la posguerra. Pero la existencia de un quinto partido político debería estar excluida lisa y llanamente por cualquier Constitución sensata y con sentido de la realidad.

En la nuestra se cometió el garrafal fallo de no poner más obstáculo a la proliferación de partidos políticos que la exigencia de un 3% de los votos emitidos para obtener un diputado. En la mayoría de los países se pide un 5%.

Pero como antes hemos dicho, lo mejor sería prohibir de entrada que haya más de 4 partidos políticos. Esta es la obvia e inmediata consecuencia que debiéramos sacar de la aberrante situación a la que hemos llegado en España: una mafia de delincuentes se ha apoderado de las instituciones políticas. No es pensable una perversión mayor de la Democracia. Y todo ello por la primera y obvia razón de que tenemos nada menos que 20 partidos políticos, y muchos de ellos con un solo diputado, que con harta frecuencia decide a capricho hacia dónde se inclinará la balanza de las votaciones.

Un segundo factor, más teórico que práctico, y que lleva igualmente a la degeneración radical de la Democracia, es la violación de la fundamental Igualdad en derechos de todos los ciudadanos. Se trata del valor ético que precede inmediatamente a la Democracia. También cumple la Regla de Oro. Incluso los privilegiados por la injusta desigualdad saldrían ganando en dignidad personal, si prevaleciera la Igualdad.

Conseguir un diputado tendría que costar lo mismo en cualquier lugar de España. Pero eso no ocurre, si el distrito electoral es la provincia. Hay que acabar de una vez por todas con esta aberración, que ha propiciado, y propicia todavía, el constante chantaje de catalanes y vascos al resto de los españoles. Hay que instaurar el distrito electoral único en todo el territorio español. Así se hace ya en las elecciones al Parlamento Europeo. No sería una total novedad.

Que los distritos electorales sean las provincias es algo que está dentro de la actual Constitución Española. Para cambiar ese obsoleto y absurdo criterio habría que empezar por disponer en el Congreso de 210 diputados, una mayoría de tres quintos.

Pero recordemos que los españoles que vivían en el año 1978 no eran seres superiores en derechos fundamentales a los ciudadanos españoles de hoy día, Simplemente no se cae en la cuenta de que la Igualdad en derechos fundamentales no concierne sólo al espacio, sino también al tiempo. En el año 2025 tenemos exactamente los mismos derechos a modificar la Constitución, que los que tuvieron para establecerla quienes la votaron en 1978. La Igualdad entre personas es un valor que se aplica por igual al tiempo y al espacio.

Hay una tercera razón a tener en cuenta en la perversión actual de la Democracia en España. Es sin duda la que está ahora más en el candelero, tras la sentencia condenatoria del Fiscal General de Estado y la furibunda reacción de la mafia de Sánchez. Se trata de la destrucción total de la independencia judicial.

Por desgracia, se está consumando este enorme desastre histórico, que nos ha aleja radicalmente de las doctrinas de Montesquieu y Tocqueville. Nuestras presentes desgracias debieran ser el aldabonazo que nos hiciera despertar.

Sin duda una parte de la culpa recae sobre los propios miembros de la judicatura o la fiscalía, que no han guardado para sí sus preferencias políticas, o incluso las han manifestado públicamente. Lo decente y honesto en estas profesiones es mantener una distancia respecto a la política, para que el ciudadano medio confíe en que la imparcialidad de los jueces existe de hecho.

Pero obviamente el 90% de la culpa corresponde a la presión de los políticos. El reciente artículo del Presidente Sánchez en el Diario “El País”, postulando la inocencia del Fiscal General en pleno desarrollo del juicio, es el mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar el descarado y antidemocrático asalto de los partidos políticos contra la independencia de los jueces.

También en este punto son urgentes cambios radicales. Es esperable que, cuando caiga Sánchez -pronto o tarde que sea- surja una potente opinión pública que haga posible enmendar los gruesos errores de nuestra actual Constitución.

El Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido íntegramente por jueces, fiscales y Colegios de Abogados. Toda intervención de los partidos políticos, ya sea directa o indirecta, tiene que ser excluida de entrada.

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional debería ser nombrado por el Rey y a perpetuidad, como ocurre en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sería la manera de asegurar su imparcialidad, al tiempo que se refuerza la del Rey. Igualmente, habría que suprimir el amparo a los delincuentes, en que se ha convertido el recurso al TC. Ahí están los escandalosos ejemplos de Chaves y Griñán. El verdadero amparo del ciudadano consiste en la efectiva independencia judicial.

Es oportuno añadir algún comentario sobre los fiscales, dada la actualidad del tema. Tienen la misión inmediata de defender el estado de derecho en beneficio de toda la comunidad. Todos y cada uno de los ciudadanos debieran sentirse protegidos por la actuación de los fiscales. Por eso deben desarrollar su labor al margen de que el Parlamento o el Gobierno esté en manos de uno u otro partido político.

Los fiscales son deudores sobre todo ante los ciudadanos. Lo que deben proteger y garantizar es la soberanía popular, la esencia de la Democracia. Por encima de su dependencia administrativa respecto a los políticos, que eventualmente dominen en el Parlamento o en el Gobierno, está su dependencia fundamental respecto al ciudadano de a pie. Por el contrario, en una partitocracia, o en una Democracia pervertida como la nuestra, la soberanía popular está secuestrada de hecho por los partidos políticos. Nada más verdadero que el cinismo de Tierno Galván: las promesas electorales están para no cumplirlas.

Aunque en menor grado que jueces y magistrados, los fiscales tienen también que dar la impresión al ciudadano medio de que mantienen un mínimo de imparcialidad y decencia profesional. Un fiscal no es un mero funcionario al exclusivo servicio del poder ejecutivo No está tanto a las órdenes de los políticos de turno en el Gobierno o el Parlamento como al servicio efectivo de la ciudadanía. Representa el estado de derecho. No los intereses partidistas de quienes hayan ganado eventualmente unas elecciones.