Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que introducía a ciudadanos extranjeros en diversas nacionalidades, en situación irregular, a los que empleaba laboralmente en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza.
La operación policial se inició en julio de 2024 y se ha desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Albacete y Cuenca, habiendo finalizado con la detención de 11 personas y la investigación de otras 2 por los delitos, entre otros, de favorecimiento de la migración irregular y tráfico ilícito de mano de obra, auxiliando a 322 personas, de las que 294 se encontraban en situación irregular.
Hacinados en colchones
El complejo modus operandi empleado por la red criminal consistía en aprovecharse de inmigrantes irregulares que entraban con visados de turista hasta países del territorio Schengen, y, una vez en España, eran derivadas a otras partes del territorio nacional donde vulneraban sus derechos laborales.
Para sus actividades criminales, la organización se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, siendo una de ellas la dedicada a alojar y emplear laboralmente a estos extranjeros en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete). En esta localidad la organización proporcionaba alojamiento a los inmigrantes, hacinándolos en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos, y en condiciones de vida totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad.
Desde esta localidad desplazaban diariamente a los trabajadores hasta las distintas zonas agrícolas. Estos desplazamientos se hacían en furgonetas, de las que algunas circulaban sin reunir las debidas condiciones de seguridad.
Consecuencia de ello, se produjeron diversos accidentes de circulación y se ha tenido que lamentar el fatal resultado de uno de ellos, en el que perdió la vida una persona de origen nepalí.
Comisiones abusivas
La organización imponía unas duras condiciones laborales, realizando jornadas que en ocasiones llegaban a las 12 horas, cobrando comisiones abusivas por los desplazamientos hasta los lugares de trabajo, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida facilitada en los lugares de trabajo.
En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con una alimentación muy básica.
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