El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. En concreto han sido identificados un total de 65.122 anuncios.
La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Se impone una sanción por infracción grave, por importe de 64.055.311 euros. Dicha cuantía es equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por AIRBNB como consecuencia de las prácticas sancionadas durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento formulado por parte del Ministerio hasta su retirada por la plataforma. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había respaldado previamente la orden de retirada dictada por el Ministerio en distintos autos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido este lunes de que su departamento cursa otros expedientes sancionadores similares al ejecutado contra la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb. Bustinduy no se ha podido pronunciar sobre las empresas que pudieran estar inmersas en los citados nuevos expedientes sancionadores, pero ha afirmado que "responden al mismo propósito sobre la erradicación de las prácticas abusivas" en materia de vivienda.
El ministro ha asegurado, sobre la sanción a Airbnb, que los 65.122 anuncios irregulares que han motivado la actuación ya no existen y que fueron retirados en su momento de la plataforma. "Las prácticas de especulación están secuestrando el derecho constitucional a la vivienda", ha declarado.
El titular de Consumo ha recordado que en octubre de 2024 la Dirección General notificó a la plataforma la existencia de publicidad ilícita. Ante su inacción, ha relatado que, en diciembre de ese mismo año, el ministerio procedió a la incoación del expediente sancionador. Airbnb recurrió ese expediente y, posteriormente, el Tribunal de Justicia de Madrid respaldó las actuaciones del Ministerio.
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