Pedro Sánchez ha amenazado una vez más a la oposición al asegurar que agotará la legislatura...
Pedro Sánchez ha amenazado una vez más a la oposición al asegurar que agotará la legislatura y que, además, se presentará a las elecciones generales del año 2027 con el propósito de ganarlas, no en vano está propiciando un censo acrecentado por el sanchismo y la angustia.
El presidente del Gobierno, por otra parte, se frota las manos. Superadas las fiestas de Navidad, el Tribunal Constitucional aguarda impaciente para descargar el hacha del verdugo sobre el caso del fiscal general del Estado. Es la hora de Conde Pumpido. El Tribunal Constitucional abofeteará al Tribunal Supremo con el aplauso de la caravana incesante de tertulianos adictos en programas de radio y televisión.
Salvo algún jurista ilustre, nadie se ha atrevido a proclamar esta rotunda verdad: el Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación del Supremo. En tiempos de Pascual Sala ya hubo un problema que los buenos oficios del jurista socialista y del Rey Juan Carlos pudieron superar. El Tribunal Constitucional tiene limitadas sus competencias y resulta dudoso que disponga de competencia para enmendar la meditada decisión del Tribunal Supremo en el caso de la Fiscalía General del Estado.
Si lo hace, habrá incurrido en el partidismo político con grave descrédito y posible recurso a las instancias judiciales europeas. Pedro Sánchez no puede moldear el ordenamiento jurídico español a su antojo. Conde Pumpido, tampoco. El Tribunal Supremo significa la instancia definitiva salvo que se vulnere el espíritu o la letra de la Constitución. Para eso fue creado el Tribunal Constitucional, solo para eso, no para anular las sentencias del Tribunal Supremo que en los tres últimos siglos ha significado la decisión final de las instancias judiciales.
Pero, efectivamente, Pedro Sánchez se frota las manos y prepara su aparato de alfiles periodísticos para que enturbien el ordenamiento jurídico español y le den a él la victoria judicial en el caso de la Fiscalía General del Estado. Veremos lo que ocurre, pero los más sabios juristas españoles saben que algo huele a podrido en el palacio de la Moncloa. Y que la independencia de la Justicia española puede resquebrajarse para satisfacer una posición política partidista que carece de bases serias en su pretensión de imponer la voluntad ejecutiva presidencial sobre la serenidad y la sabiduría científica del Tribunal Supremo.
