El consejero de Page denuncia el "chantaje" de Hacienda a las comunidades autónomas

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha reunido este miércoles con las comunidades para abordar una propuesta de financiación autonómica pactada con Oriol Junqueras que rechazan en bloque las comunidades del PP, que han amagado con ni siquiera sentarse en la reunión, además de los barones socialistas Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Adrián Barbón, presidente de Asturias.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha terminado poco antes de las 14.30, en un clima que presenta nulas perspectivas de consenso. La novedad ha consistido en que Hacienda ha propuesto que las autonomías que no estén interesadas en el nuevo modelo, por el momento todas excepto Cataluña, se queden en el modelo antiguo.

Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, de acuerdo con una prerrogativa que no es nueva sino que ya aparece en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, aprobada en 2009.

La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema-, según las cifras facilitadas el pasado viernes por la propia ministra de Hacienda.

Ya antes de la reunión, los diversos responsables autonómicos han mostrado su oposición al nuevo modelo autonómico que propone el Gobierno tras pactarlo con ERC, y que se tendrá que aprobar en el Congreso de los Diputados.

Solo la consellera catalana de Hacienda, Alicia Romero (PSC), se ha expresado de acuerdo con el nuevo sistema a su salida de la reunión: "Se abre ahora un período de negociación de un modelo" que abre una oportunidad de 21.000 millones para que "todas las comunidades ganemos", ha dicho.

A la salida de la reunión, los diversos consejeros autonómicos han mostrado su descontento con la propuesta de Montero. Entre ellos, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha denunciado el "chantaje" al que la ministra de Hacienda ha sometido a las comunidades autónomas al ofrecerles seguir con el modelo actual y recibir menos dinero si no quieren la financiación pactada con Junqueras.

Molina se ha quejado de que la propuesta de financiación no se haya negociado en el seno del PSOE y con ello se hayan incumplido resoluciones aprobadas en el último Congreso Federal en Sevilla y ha denunciado la "falta de respeto" absoluto a las formas. El consejero ha declarado que ha salido "más decepcionado" de como entró a la reunión, ante un modelo que fomenta la desigualdad y traslada a las autonomías "el chantaje" de los independentistas.

El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, o la consejera de Madrid, Rocío Albert, han expresado tras el encuentro que todas las comunidades autónomas participantes en el encuentro, salvo Cataluña, han manifestado su desacuerdo.

Albert ha advertido de que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que "ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña". "¿Cómo va a aprobar este acuerdo”, se ha preguntado la consejera madrileña.

En la misma línea se han pronunciado el consejero gallego Miguel Corgos, o la extremeña, Elena Manzano, ambos del PP.

"Muy decepcionante" y sin explicaciones "sobre un modelo negociado a nuestras espaldas", ha dicho Corgos, mientras que Manzano ha hablado de la vulneración del principio de igualdad entre los españolesy la falta de respeto institucional por parte de la ministra, además de advertir que si se aprueba en estos términos, utilizará "todas las armas" del ordenamiento jurídico.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha lamentado haber conocido "por boca de Oriol Junqueras" el sistema que debe explicar ahora la vicepresidenta Montero y ha resaltado que viene a defender que "el dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios de todos los españoles" y no para que el presidente del Gobierno "pague un precio político".

La representante de la Junta de Andalucía, Carolina España, dijo acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera "con bastante incertidumbre y también con bastante indignación" porque el que ha denominado "modelo de financiación Montero", que a su juicio "nace muerto", significa "champán y caviar" para el independentismo y "el menú del día, pero sin postre" para el resto de las comunidades.

El conseller valenciano de Hacienda, José Antonio Rovira, ha explicado que fue a la reunión a defender que los valencianos no pueden "seguir siendo ciudadanos de segunda en financiación autonómica" y deben "tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de España".

Por su lado, la consejera canaria Matilde Asian ha lamentado que la ministra les haya dicho que ya tiene preparado el texto de la ley orgánica, cuando en realidad se trata de una propuesta que debe pasar por el debate multilateral y luego ser debatido por los grupos en el Congreso.

Montero niega "cupo separatista"

Montero ha afirmado que es "mentira" que se haya pactado "un cupo separatista" en la nueva propuesta de financiación autonómica. "Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña", ha apuntado en una rueda de prensa tras la cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno.

Según Montero, el modelo es "más solidario" que el anterior y todos los datos ponen de manifiesto que "no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor, con ninguna comunidad autónoma" en este plan que dará a Cataluña alrededor de 4.700 millones de euros adicionales y que anunció la semana pasada el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Para la ministra, el sistema "beneficia a todas" las comunidades y "garantiza la suficiencia", ya que aporta 20.975 millones de euros para las comunidades autónomas, una cantidad de la que el Gobierno prescinde para que las comunidades gestiones los servicios públicos sanidad, educación y dependencia. De esa cantidad, ha afirmado, más de 15.000 millones van asignados a comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. "El dato habla por sí solo, por tanto, de que si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda es el PP", ha dicho.