El Consejo de Informativos de Televisión Española ha emitido uno de los informes más duros de su historia reciente contra la dirección y varios programas de la cadena pública. El organismo interno concluye que TVE difundió de forma consciente un bulo sobre un supuesto plan para atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizando una “bomba lapa”, y lo hizo a través de los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora.
El informe, elaborado tras recibir más de un centenar de quejas internas, califica lo ocurrido como “uno de los casos más graves de malas prácticas y manipulación informativa” detectados por el Consejo. El foco principal del análisis se sitúa en la cobertura de unos mensajes de WhatsApp atribuidos a un excapitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, que fueron presentados de forma sesgada para insinuar un intento de atentado contra el presidente del Gobierno.
Un rótulo que inducía al engaño
El 30 de mayo, Mañaneros 360 emitió un rótulo que decía: “Alto y plomo… o una bomba lapa. Nuevos mensajes contra el Gobierno de Sánchez y sus socios del guardia civil fichado por Ayuso”. Según el Consejo de Informativos, este mensaje inducía claramente al espectador a pensar que un agente vinculado a la Comunidad de Madrid planeaba un atentado contra el jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, el informe subraya que en ese mismo momento ya se sabía que la interpretación era falsa, puesto que existían otros mensajes del sumario judicial que contextualizaban la conversación y demostraban que la supuesta “bomba lapa” no iba dirigida contra Pedro Sánchez, sino que hacía referencia a una amenaza contra los propios interlocutores.
“El programa tenía que saber que la conversación estaba descontextualizada y que no era ambigua”, afirma el Consejo, que descarta cualquier error involuntario y apunta a una edición deliberada de los mensajes para sostener una narrativa falsa.
Omisiones clave y vinculación forzada con Ayuso
El informe también critica que Javier Ruiz relacionara al agente con Isabel Díaz Ayuso sin aclarar que los mensajes datan de entre 2016 y 2021, años antes de que Bonilla fuera contratado por la Comunidad de Madrid en 2023. A pesar de ello, el presentador insistió en subrayar su actual relación laboral y su salario, reforzando una asociación política que, según el Consejo, resultaba engañosa.
“La omisión de estos datos temporales es esencial para entender el alcance de la manipulación”, señala el documento, que considera que el espectador fue inducido a una conclusión falsa sobre la responsabilidad política de la presidenta madrileña.
El bulo no llegó al Telediario, pero sí a otros programas
Uno de los aspectos más llamativos es que el supuesto atentado no fue tratado en el Telediario de las 15:00, precisamente porque la Dirección de Informativos ya había determinado que se trataba de una información falsa. No ocurrió lo mismo en Malas Lenguas, donde Jesús Cintora dio espacio al asunto y permitió que los tertulianos desarrollaran la tesis del atentado mientras se seguían mostrando conversaciones editadas de forma parcial.
El Consejo denuncia que, incluso después de que RTVE Verifica publicara un informe desmontando el bulo mediante la difusión íntegra de los mensajes, no se corrigieron las informaciones falsas con la misma relevancia ni proporcionalidad con la que se habían difundido inicialmente.
Posible incumplimiento de la ley audiovisual
El informe concluye que la edición de los mensajes “no pudo ser accidental ni fortuita” y sostiene que ambos programas podrían haber incumplido la Ley General de Comunicación Audiovisual al no rectificar adecuadamente una información falsa de enorme gravedad.
El caso tuvo además un fuerte impacto político y mediático. Varios ministros y cargos del Gobierno llegaron a dar credibilidad a la tesis del atentado cuando ya había quedado desacreditada, mientras que desde Moncloa se defendía que los mensajes eran “interpretables”.
Sesgo ideológico y más de 15 millones de euros en costes
La investigación del Consejo se enmarca en un contexto de fuerte tensión interna en RTVE, con más de dos meses de Viernes Negros y críticas de sindicatos como CCOO, UGT y USO. El informe confirma una confusión sistemática entre información y opinión y un sesgo ideológico favorable al Gobierno de Pedro Sánchez en programas cuyo coste conjunto supera los 15 millones de euros.
Como ejemplo, el Consejo compara los 45 minutos dedicados al caso fiscal de la pareja de Ayuso o los 18 minutos a la huelga contra Carlos Mazón, frente a la escasa cobertura de asuntos que afectan al PSOE, como el caso de Santos Cerdán.
La conclusión es clara: existe una selección y tratamiento desigual de los temas en función de a quién perjudican políticamente. Un diagnóstico especialmente grave tratándose de la radiotelevisión pública.
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