Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, abogado de Aldama, para hacer frente a las acusaciones vertidas contra él tras la denuncia por abusos sexuales presentada por dos extrabajadoras, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.
Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.
Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias.
El bufete Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.
En la actualidad, por ejemplo, representa al comisionista Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia y en un supuesto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.
Choclán defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.
Además, fue abogado de Rita Barberá en la causa por blanqueo en el Tribunal Supremo y de David Marjaliza, colaborador en el caso Púnica, entre muchos otros.
Desde la revelación de las acusaciones tras una investigación realizada por dos medios en español, eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos, el pasado martes, el cantante no ha querido hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar a la revista 'Hola' que todo se va a aclarar.
Más trabajadoras del cantante han contactado
Asimismo, ha revelado que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien ha evitado mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.
En cuanto a las dos denunciantes, no hay fecha prevista para esas declaraciones que podrían ser por medios telemáticos habida cuenta de que no residen en España. "Esos detalles no los tenemos y se tratan con cierta reserva", ha añadido la letrada Gema Fernández, quien no duda de que el caso es "competencia" de la Justicia española.
Desde Fiscalía, por su parte, insisten en el secreto de las diligencias para no dar más detalles de su actuación, que son preprocesales, es decir, que no está judicializado.
Medidas de protección
Ríos ha explicado que las dos decisiones de la Fiscalía formaban parte de las medidas de protección que habían solicitado en su denuncia, porque Julio Iglesias "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes", ha afirmado, derivado de su influencia y de su poder económico.
Además, temen que el cantante intente "localizarlas" así como "disuadirlas" de llevar a cabo nuevas acciones en su contra.
Esas medidas de protección son las siguientes: que se evite el contacto entre las denunciantes y sus familiares con el cantante y su entorno; que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las mujeres; que se tome declaración a ambas mujeres con las condiciones adecuadas y que las medidas eviten la revictimización de las trabajadoras que aún siguen empleadas por el cantante.
Las situaciones denunciadas habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.
Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan El Diario.es y Univisión, los medios que han llevado a cabo la investigación.
El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.
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