La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación que abrió para analizar la denuncia contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual.

La Fiscalía abrió diligencias con carácter secreto el pasado 5 de enero por los hechos recogidos en una investigación periodística referentes al presunto acoso y agresión sexual de Julio Iglesias a dos de sus empleadas en República Dominicana y Bahamas, ocurridos en 2021.

El ministerio público ha dictado este viernes un decreto en el que concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia que presentaron dos ex empleadas contra el cantante por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

Porque, según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una "conexión material con España", por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes", y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).

La Fiscalía considera que el criterio decisivo "es la existencia de vínculo relevante con España, que en este caso no existe" porque los hechos no discurren en territorio español, ni las denunciantes o los denunciados se encuentran en España.

Además, apunta a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España desplace la jurisdicción del Estado "primariamente competente", salvo que quede acreditada la "imposibilidad real o falta de voluntad de investigar", algo que en este caso no se da porque "en ningún momento se han denunciado los mismos en los países territorialmente competente".

Procede así la aplicación del artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial "que obliga al juez español a abstenerse cuando otro Estado es el competente".

Apertura de la causa

La Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación preprocesales, con carácter secreto, tras recibir la denuncia el 5 de enero, y días después, el 16, otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.

La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es y Univisión Noticias recogía relatos de ambas denunciantes -una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta- sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando éste tenía 77 años.

Una de las empleadas, que ubicaron aquellos hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

Desde el primer momento, en su cuenta de Instagram, Julio Iglesias negó los hechos y, poco después de conocer la existencia de las diligencias, su defensa pidió el archivo al invocar, precisamente, la falta de jurisdicción de la Justicia española para investigar los hechos y, por otra, solicitó personarse en las mismas.

Dijo entonces que la denuncia le había provocado un "grave daño reputacional" e incluso se planteó acudir al Tribunal Constitucional al no permitirle la Fiscalía personarse porque todavía se estaba analizando la competencia de la denuncia.

Más tarde, el cantante procedió a publicar en su perfil de Instagram varios mensajes que supuestamente habría recibido de las trabajadoras que le denunciaron como método con el que parecía querer demostrar su inocencia.

Respuesta de las denunciantes

Las organizaciones Women's Link y Amnistía Internacional, que asesoran a las exempleadas de Julio Iglesias consideran "lamentable" la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación y anuncian que las dos mujeres "seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles".

Para las organizaciones que respaldan a las denunciantes, la decisión de la Fiscalía es "lamentable" porque "pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia".

Opinan que "no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante los órganos judiciales pertinentes".

"La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y, además, el derecho humano fundamental para que todas las mujeres y niñas puedan vivir en un mundo libre de violencias", añade el comunicado.

Así, exigen a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que "considere toda la información y evidencia presentada", ya que hay tres escritos a los que no contestó, y destacan que, teniendo seis meses para investigar, haya tomado la decisión en menos de dos semanas.

Los hechos denunciados afectan a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

"Rebeca y Laura han pedido que se respete su privacidad mientras determinan sus próximos pasos legales. Temen por posibles represalias. Sin embargo, han reiterado que seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles que, tal como señala la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, les permiten garantizar sus derechos", concluye el comunicado.