Pedro Sánchez continúa su cruzada contra la educación privada. El Gobierno prepara un nuevo decretazo para endurecer los requisitos de apertura y funcionamiento de los centros privados de Formación Profesional, con el objetivo de “blindar la calidad” de estas enseñanzas en un momento de crecimiento histórico de la demanda. La norma, que se someterá a consulta pública en los próximos dos meses, establecerá estándares de exigencia, control y supervisión para los centros que impartan FP.
El anuncio lo realizó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto institucional en el Ministerio de Educación, donde defendió la necesidad de “poner orden” ante la proliferación de centros privados que, a juicio del Ejecutivo, no ofrecen garantías suficientes. “Formar a técnicos o sanitarios no es un negocio cualquiera y exige reglas claras y responsabilidad”, afirmó. El Real Decreto supondrá un nuevo golpe al modelo de negocio de muchos centros privados que combinan enseñanzas universitarias y de FP
La iniciativa llega en un contexto de fuerte expansión de la Formación Profesional, que ha alcanzado un récord de matriculación con más de 1,2 millones de estudiantes en toda España. Según datos del Gobierno, la FP cuenta con más de 12.000 ofertas formativas y tasas de inserción laboral cercanas al 90%, que en algunas ramas industriales rozan el 100%.
Sin embargo, ese crecimiento se ha concentrado en gran medida en el ámbito privado. Un informe reciente de CCOO sitúa en el 21% el porcentaje de alumnado de FP que estudia en centros privados, una cifra que se eleva hasta cerca del 40% en comunidades como Madrid y el País Vasco. En seis años, el número de estudiantes en centros privados ha aumentado un 69%, frente al 30% de crecimiento en la red pública.
Desde el Gobierno advierten de que esta tendencia puede generar desigualdades. “Hay jóvenes que pagan entre 3.000 y 9.000 euros por un ciclo formativo y otros que se quedan fuera”, señaló Sánchez, quien alertó de que la FP no puede convertirse en una nueva brecha social. “El futuro de un joven no puede depender de dónde nazca ni de cuánto ganen sus padres”, insistió.
El decreto sigue la estela del aprobado en 2025 para endurecer los criterios de creación y autorización de universidades privadas, conocido como decreto “antichiringuitos”. Ahora, el Ejecutivo traslada ese mismo enfoque a la FP, un ámbito que ha dejado de ser una opción secundaria. “La FP ya no es un plan B; para muchos jóvenes es el plan A de su vida”, subrayó el presidente.
Además del refuerzo de los controles, Sánchez anunció la creación de diez nuevos Centros de Excelencia en 2026, que se sumarán a los 75 ya existentes, así como la ampliación de la red de Centros de Referencia Nacional en sectores estratégicos. El Gobierno destaca que la inversión pública en FP ha pasado de 187 millones de euros en 2018 a más de 1.200 millones en la actualidad, con más de 7.000 millones movilizados en los últimos años.
Por su parte, la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, evitó criticar directamente a la red privada y puso el acento en el papel de la FP como motor de empleo y cohesión social. Recordó que el abandono escolar temprano ha descendido hasta el 12,8% y que la Formación Profesional “ofrece más oportunidades para crecer y prosperar en el propio territorio”.
Quejas de los centros privados
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha señalado este miércoles que considera "innecesario" y "fuera de lugar" el anuncio del presidente del Gobierno sobre el nuevo real decreto para frenar la apertura de centros privados de Formación Profesional.
"Estas manifestaciones generalizadas del Gobierno ponen en duda la calidad que ofrecen los centros educativos privados, constituyen un ataque a un sector educativo que forma parte de la pluralidad educativa de nuestro país y ponen en riesgo los derechos constitucionales de creación de centros educativos, de libre elección por parte de las familias y libertad de empresa", ha señalado ACADE en un comunicado.
Asimismo, la asociación ha defendido que los centros privados "brindan la posibilidad de cursar estos estudios incluso en territorios donde la oferta pública es insuficiente".
"Se trata de un ataque injustificado a instituciones que han demostrado que contribuyen de manera decisiva a mejorar la calidad educativa, y son fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestro país", ha resaltado ACADE, que pide a Educación que intervenga cuando detecte que un centro no cumple la normativa y deje de "generalizar" con restricciones a todo el sector.
En la misma línea, los centros privados han reclamado al Gobierno que "cese en su afán intervencionista", reconsidere su anuncio y adopte un marco normativo "que apoye la excelencia y diversidad del sistema de Formación Profesional español, en lugar de restringirlo".
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