La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar seis meses más la instrucción de la causa principal del caso Koldo en la Audiencia Nacional, con lo que sería la cuarta vez que se prorroga desde que se abrieron las primeras diligencias el 8 de septiembre de 2023.
En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal del caso, Luis Pastor, argumenta la necesidad de ampliar el periodo de instrucción de este caso, entre otros motivos, en los informes que aún están pendientes de ser entregados en la causa.
En concreto, el informe relativo a la documentación requerida al Servicio de Salud de las Islas Baleares el pasado 31 de enero en relación a la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia, así como el informe requerido en auxilio judicial a la ONIF-AEAT (Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria).
Recuerda además el fiscal que, a raíz de la detención en febrero de 2024 de los primeros investigados, entre ellos el asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se practicaron un total de 26 registros domiciliarios y en sedes sociales de personas jurídicas vinculadas o relacionadas con ellos.
"De estas diligencias, además de la intervención de documentación, efectos y metálico, derivó la intervención de un total de 169 evidencias digitales (teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento), que tras su volcado continúan siendo examinados para su posterior informe al juzgado por la unidad policial encargada de la investigación", la UCO de la Guardia Civil.
Por todo ello, el fiscal entiende que al estar próxima la finalización de la segunda prórroga de seis meses establecido en el artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -la primera fue de 12 meses, según establece la ley-, "parece razonable que sea acordada la prórroga de la presente instrucción por un nuevo período de seis meses".
Según recuerda la Fiscalía en su escrito, la primera prórroga de la instrucción del caso Koldo fue acordada el 2 de septiembre de 2024, la segunda, el 27 de febrero de 2025, y la tercera, el 3 de septiembre de 2025 con lo que vencería este mes de febrero.
El pasado 2 de febrero, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente remitió a la Audiencia Nacional la pieza separada del caso Koldo por los supuestos amaños en adjudicaciones públicas, en la que se investigan, entre otros, a los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, a raíz de la renuncia de este último, actualmente en prisión preventiva, a su condición de diputado por Valencia.
Deniegan la indemnización a Ábalos
Los servicios jurídicos del Congreso han desestimado la petición de indemnización solicitada por el exdiputado y exdirigente socialista José Luis Ábalos al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta.
Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras dejar su escaño, una cantidad que en su caso rondaría los 52.000 euros.
Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara han rechazado esta petición dado que ninguno de los miembros del Congreso que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento.
El informe de los letrados, incluido en el orden del día de la Mesa del Congreso de este martes, señala además que ésta ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de parlamentario, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.
Recuerda además que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario.
De ahí, agregan los letrados, que sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación. Ambas retribuciones -indemnización y pensión- son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias.
Tras presentar su renuncia al acta de diputado, el que fuera ministro de Transportes anunció el pasado 29 de enero que se retiraba y optaba por la jubilación al ser "privado" de todo ingreso y protección social.
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