Bruselas expresa "serias reservas" sobre la regularización de Sánchez: "El permiso de residencia no es un cheque en blanco"

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar, al menos, a 500.000 inmigrantes ilegales ha abierto un frente con la Comisión Europea, que ha expresado "serias reservas" sobre el impacto de la medida en el conjunto de la Unión y, en particular, en el espacio Schengen.

El plan, anunciado a finales de enero, permitirá acogerse a quienes hayan entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia o hayan solicitado asilo antes de esa fecha. El decreto contempla un permiso de residencia de un año y autorización para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Según la ministra de Migración, Elma Saiz, el objetivo es reforzar el "crecimiento económico y la cohesión social".

Sin embargo, tres funcionarios comunitarios consultados por Euronews han señalado que la regularización "no está en línea con el espíritu de la Unión Europea en materia de migración" y han advertido del riesgo de que envíe un mensaje contradictorio respecto a la estrategia comunitaria actual, orientada a disuadir la inmigración irregular y a aumentar los retornos.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, que inicialmente enmarcó la medida en el ámbito nacional, matizó este martes en el Parlamento Europeo que la inmigración es "un reto compartido" y que las decisiones de un Estado miembro no pueden tener "consecuencias negativas" para los demás. "El permiso de residencia no es un cheque en blanco", subrayó, recordando que si un beneficiario se establece en otro país sin autorización "debe regresar al país que otorgó el permiso".

Una de las principales inquietudes en Bruselas es que los regularizados puedan circular hasta 90 días por cada periodo de 180 en el espacio Schengen, lo que podría derivar —según fuentes comunitarias— en intentos de fijar residencia en otros Estados miembros sin el correspondiente permiso.

El debate se produce en un momento en que la UE endurece su política migratoria. El nuevo Pacto de Migración y Asilo, actualmente en fase de implementación, refuerza los procedimientos fronterizos, amplía el concepto de "tercer país seguro" y busca acelerar las expulsiones. Además, la futura normativa de retorno permitirá deportaciones a terceros países con los que existan acuerdos bilaterales, aunque no sean los de origen del migrante.

Desde el Partido Popular Europeo, y en particular desde la delegación española del PP, se ha presionado para que la Comisión adopte una posición más firme. Los populares elevan el alcance potencial de la medida hasta 800.000 personas —otros analistas, elevan esa cifra hasta los dos millones de extranjeros— si se incluye la reagrupación familiar y sostienen que puede generar un "efecto llamada" y tensiones en Schengen.