El Gobierno ha dado luz verde este martes en el Consejo de Ministros a un nuevo proyecto de ley que ataca a la prensa crítica. Esta nueva ley mordaza, incluida dentro del Plan de Acción por la Democracia, introduce varias obligaciones para los medios de comunicación, como la necesidad de inscribirse en un registro oficial, relevar quiénes son sus propietarios y limitar los ingresos publicitarios.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha justificado estas medidas apelando a la "transparencia" y a la "independencia" de los medios frente a injerencias externas.
"Esta ley, concretamente, no va de sanciones, va de establecer los criterios objetivos y transparentes para el reparto de la publicidad y el derecho de los ciudadanos de conocer esa inversión publicitaria", ha subrayado el ministroen la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Entre las medidas aprobadas, figura la inscripción de medios de comunicación en un registro público de la CNMC para poder "operar" y ser considerados como medios.
Por otro lado, se ha establecido un tope para la publicidad institucional, fijado en 35% del total de ingresos publicitarios totales de los medios. Desde el Gobierno señalan que esta cifra está "establecida con bastante criterio" porque está consensuada con el sector, es la que establecen todos los informes internacionales que hablan sobre esta regulación y se ha fijado "por sentido común".
"Entenderán que algo más de un tercio ya está bien; no sé yo si un medio que tiene más de la mitad de financiación de una administración pública, qué nivel de independencia puede tener", ha cuestionado el ministro.
Las plataformas digitales pasarán a ser consideradas como perceptoras de publicidad institucional, por lo que esta medida no se aplicará únicamente a medios tradicionales. Quedarán excluidos, no obstante, aquellos medios cuya cifra de negocios no superen los 2 millones de euros y cuya audiencia no se concentre, al menos un 70%, en el ámbito de las comunidades autónomas limítrofes como máximo.
También se establecerá un sistema público de medición de audiencias y transparencia en las propias tarifas publicitarias, de forma que el Gobierno publicará una vez al año la inversión publicitaria anual.
En esta publicación, constarán quiénes son los propietarios y dueños de los medios de comunicación, para que puedan ser identificados, al igual que accionistas e inversores de los mismos.
Esta aprobación se produce el mismo día en que el Gobierno ha anunciado la declasificación de documentos del 23-F y poco después de que el Ejecutivo reformulara la Ley Orgánica 2/1984, que también afecta a los medios de comunicación. Con esta nueva aprobación, la ley obligará a la prensa a publicar rectificaciones con "opiniones", y no solo con hechos.
La incorporación de las opiniones podrá permitirse cuando resulten "imprescindibles" para entender el contexto, lo que abrirá la puerta al Gobierno a publicar sus opiniones en prensa si ejercen el derecho a rectificación.
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