Noelia Castillo, la joven de Barcelona de 25 años que quedó parapléjica tras intentar suicidarse tirándose de un quinto piso en octubre del 2022, ha recibido este jueves la eutanasia, en el centro sanitario Sant Camil de Sant Pere de Ribes.
La justicia ha descartado de nuevo este jueves paralizar cautelarmente la eutanasia de Noelia, al desestimar las medidas cautelares que ha planteado "in extremis" la fundación Abogados Cristianos. La entidad, que durante año y medio ha representado al padre de Noelia en su batalla judicial para impedir su muerte asistida, ha solicitado medida cautelares por tercera vez ante el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, que investiga la querella que presentó contra dos miembros de la comisión de la Generalidad que autorizó la muerte digna de la joven.
La investigación de la querella se encuentra aún en una fase prematura: la jueza acordó admitirla a trámite y requirió documentación sobre el proceso legal por el que la Generalidad concedió la eutanasia a Noelia para determinar si hay indicios de delito en los miembros de la comisión.
La propia magistrada apunta en su auto que admitió a trámite la querella para dar "cobertura legal" a la petición de documentación sobre el proceso, lo que "no podía hacerse de otra forma". De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, la jueza rechaza las medidas cautelares con el argumento de que "carece de potestad" para adoptarlas, dado que los tribunales competentes ya han dictado "las decisiones oportunas".
Además, argumenta la magistrada que Noelia no es parte en el proceso penal abierto a raíz de la querella de Abogados Cristianos, por lo que cualquier decisión que se dictase y que afectara a sus derechos fundamentales podría causarle "una situación de indefensión". Respecto a la capacidad de la joven para decidir su muerte digna, la magistrada recuerda que "dicha cuestión ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial, por cuya razón no cabe plantearse a necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico".

Menor tutelada, violación múltiple e intento de suicidio
Con una infancia conflictiva y un convulso entorno familiar, Noelia Castillo, pasó por diversos centros de menores desde los 13 hasta los 18 años, quedando a cargo, tanto ella como su hermana, de la Generalidad de Cataluña. En ese periodo ya se registraron varios episodios de autolesión y tentativas de suicidio mediante la ingesta de fármacos. De hecho, estaba diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y síntomas depresivos crónicos.
La víctima había relatado que antes del fatídico 4 de octubre del 2022, sufrió tres episodios de violencia sexual: el primero ocurrió cuando un chico que fue su pareja durante cuatro años abusó sexualmente de ella, aprovechando que se había tomado unas pastillas para dormir; el segundo, en una discoteca, cuando "dos chicos intentaron abusar sexualmente" de ella. Y el tercero, también en una discoteca, cuando la violaron "tres chicos a la vez".
Este último crimen fue el que desencadenaría que en octubre del 2022 decidiera acabar con todo tirándose desde el balcón de un quinto piso: tenía 21 años. Sin embargo, Noelia Castillo sobrevivió al intento de sucidio, pero sufrió una "grave" e "irreversible" lesión medular "completa", una paraplejia que le impedía moverse de cintura para abajo, provocándole fuertes "dolores neuropáticos" e incontinencia. Además, precisaba de sondas cada seis horas, debía desplazarse en silla de ruedas y tenía una discapacidad del 74%.
Largo periplo judicial
Tras su intento de suicidio, ingresó durante ocho meses en el Hospital Joan XXIII y posteriormente en el Institut Guttmann. Allí comenzó a manifestar de forma reiterada su deseo de poner fin a su vida, aunque los profesionales optaron por aplazar cualquier decisión para comprobar si se trataba de una reacción puntual o una voluntad sostenida en el tiempo.
Según recogen resoluciones judiciales posteriores, esa voluntad no solo persistió, sino que se consolidó. Tras su alta hospitalaria, fue trasladada a un centro sociosanitario en el Garraf (Barcelona), al no contar con vivienda ni red de apoyo. Informes de comités éticos confirmaron entonces que su petición no era fruto de un episodio transitorio, sino una decisión mantenida.
Noelia formalizó finalmente su solicitud de eutanasia en abril de 2024, más de un año después del intento de suicidio. El proceso siguió el cauce legal previsto: tras varias evaluaciones médicas y jurídicas, el caso llegó a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que en julio de ese mismo año aprobó por unanimidad —con el respaldo de sus 19 miembros— la prestación de ayuda para morir.
Sin embargo, la autorización administrativa dio paso a una intensa batalla judicial. Su padre, con el apoyo de la asociación Abogados Cristianos, recurrió la decisión alegando falta de capacidad mental de la joven. El 2 de agosto de 2024, un juzgado paralizó cautelarmente la eutanasia, prevista inicialmente para esos días.
A partir de ese momento, el caso inició un largo recorrido por los tribunales. En marzo de 2025, una jueza avaló la eutanasia tras escuchar a Noelia y constatar que cumplía los requisitos legales y tenía plena capacidad de decisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó esta resolución, y en enero de 2026 el Tribunal Supremo rechazó el recurso del padre, dejando firme el derecho de la joven a acceder a la prestación. El último intento en España llegó ante el Tribunal Constitucional, que en febrero de 2026 inadmitió el recurso al no apreciar vulneración de derechos fundamentales.
Paralelamente, el caso estuvo rodeado de episodios controvertidos. Durante el proceso, responsables del centro donde residía Noelia recibieron comunicaciones en las que se aseguraba un supuesto cambio de opinión de la joven, acompañado de una nota manuscrita solicitando aplazar la eutanasia. Estos hechos fueron analizados en sede judicial dentro del contexto de posibles presiones externas.
Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó el pasado 10 de marzo paralizar la eutanasia como había pedido su padre tras agotar todas las vías legales en España para evitar el derecho de su hija a una muerte digna.