El Gobierno aprueba la regularización masiva pese a las reticencias del Consejo de Estado y sindicatos policiales

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el real decreto para la regularización de los inmigrantes que viven en España sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.

El texto, que cuenta con el rechazo frontal del PP, ha contado con reservas por parte de Bruselas, objeciones por parte del Consejo de Estado y críticas públicas de los sindicatos policiales en lo que a seguridad y tramitación administrativa se refiere.

En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha defendido que el texto tiene "todas las garantías legales y cuenta con el aval de importantes organismos y estudios". En su opinión, se trata de una medida "histórica" que marca un "hito" en la legislatura.

El decreto, a diferencia de lo que exponía el borrador, refleja ahora la exigencia de probar que se carece de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

La medida beneficiará a todos los inmigrantes ilegales que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y, en el momento de su solicitud, puedan demostrar que llevan en el país cinco meses, así como los solicitantes de asilo que hubieran hecho su petición antes de la misma fecha.

La regularización arranca este jueves de forma telemática y el día 20 de abril de manera presencial

Dudas del Consejo de Estado

Pese a los argumentos del Ejecutivo sobre el respaldo al real decreto, la semana pasada el Consejo de Estado hizo público su dictamen sobre el texto, en el que pedía modificaciones para "reforzar" las garantías sobre la inexistencia de antecedentes penales de los solicitantes poniendo así en cuestión la declaración responsable que solicitaba en primer término el Gobierno. Así, el dictamen alertaba sobre la "flexibilidad" que ofrecía el borrador del Ejecutivo, por lo que solicitaba cambios.

"No vale simplemente una declaración de los antecedentes penales de una persona que va a regularizar su situación, sino que hay que garantizar que esos antecedentes no existen”, dijo Carmen Calvo la semana pasada.

Bruselas expresa sus "reservas"

La decisión del Gobierno de Sánchez ha abierto un frente con la Comisión Europea, que ha expresado "serias reservas" sobre el impacto de la medida en el conjunto de la Unión y, en particular, en el espacio Schengen.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha argumentado que la inmigración es "un reto compartido" y que las decisiones de un Estado miembro no pueden tener "consecuencias negativas" para los demás. "El permiso de residencia no es un cheque en blanco", subrayó, recordando que si un beneficiario se establece en otro país sin autorización "debe regresar al país que otorgó el permiso".

PP: "Una barbaridad"

El PP se ha pronunciado en contra de este "sinsentido" impulsado por el Gobierno y ha advertido de que recurrirá en todos los campos. "No hay medida política parlamentaria, jurídica, nacional ni europea que el Partido Popular vaya a dejar pasar para denunciar esta barbaridad", dijo este lunes en rueda de prensa Alma Ezcurra.

En una comparecencia junto a los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y el Senado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a la regularización de inmigrantes en estos términos: "Los papeles de la residencia legal en España no se regalan a nadie".

Feijóo ha considerado que este proceso es "inhumano" porque a su juicio, "alienta a las mafias", además de "injusta", "insegura" e "insostenible".

Sánchez defiende la medida en una carta a la ciudadanía y el PP lo acusa de usar la regularización para "tapar" el procesamiento de su mujer

Alerta de los sindicatos policiales

Los principales sindicatos policiales SUP y Jupol critican que la regularización de inmigrantes se apruebe "de espaldas" a los profesionales de la seguridad con un proceso de tramitación "externalizado" que incrementa, advierten, los riesgos de fraude, errores o deficiencias en la verificación de identidad y antecedentes de los solicitantes.

En sendos comunicados las dos organizaciones policiales recriminan al Gobierno que apruebe este real decreto "sin refuerzo policial, consenso ni planificación operativa" y tildan de "grave" que el Ejecutivo haya optado por "apartar" en buen parte del proceso a las oficinas de Extranjería de la Policía Nacional.

Respecto a los antecedentes penales el sindicato recuerda que una persona puede no contar con antecedentes pese a haber sido detenida recientemente, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse. En esta línea, el Sindicato Unificado de Policía reitera que "sin verificación real de antecedentes", especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. "Si el control de antecedentes se debilita, se dificulta la detección de estos perfiles, reduciendo la capacidad preventiva de la Policía y afectando directamente a la seguridad ciudadana", señalan.

Antecedentes penales

Para beneficiarse de la regularización, es necesario acreditar mediante un certificado que la persona interesada carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada a España.

Ante las dificultades por parte de algunos consulados y embajadas para conseguir este certificado, el real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta del país en un mes, podrá aportar una declaración responsable de que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite al país por la vía diplomática. Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, se le comunicará al interesado y, después de 15 días, se dará su solicitud por desistida.