La acusación popular pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez y que Sánchez declare como testigo

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez solicita 24 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

La acusación que coordina Hazte Oír ha presentado su escrito después de que el juez diera por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que ha propuesto juzgar con jurado a Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

En el escrito, la asociación ultracatólica Hazte Oír pide que declare en el juicio como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que "interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto".

El sindicato Manos Limpias también ha pedido que se impute a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez por cuatro delitos, y solicita una pena de diez años y tres meses.

La acusación expresa que Begoña Gómez habría utilizado su condición de esposa del presidente del Ejecutivo para que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ordenara la creación de su cátedra extraordinaria. Este proceso, según detalla el escrito, "se hace con rapidez, tratándose de una persona sin titulación superior".

Gómez se habría "lucrado personalmente" de la cátedra como bien de la Universidad con la asistencia de su asesora Cristina Álvarez, a través de "funciones auxiliares", detalla el escrito.

Begoña, contra el juez Peinado

Begoña Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarlo por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que la causa no puede ser juzgada con jurado.