Junts sigue ignorando a Sánchez y vuelve a sumar sus votos a los de PP y Vox para votar contra el decreto, mientras el PNV se abstiene.
El Gobierno de Pedro Sánchez acumula ya casi tantas derrotas parlamentarias como escándalos por corrupción. El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler.
El decreto ley ha decaído con 177 votos en contra (PP, Vox y Junts), 166 votos a favor (los grupos de la izquierda más CC) y las cinco abstenciones del PNV.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha mostrado abierto al inicio de la jornada a hacer concesiones al partido de Carles Puigdemont con tal de recabar su voto, sin embargo, la formación ha vuelto a rechazar el decreto una vez más. Tras la votación, el ministro ha anunciado, pese a carecer de los votos necesarios, que llevará este decreto al Congreso "las veces que haga falta".
En el debate previo a la votación el diputado del PP Daniel Pérez Losma se ha referido al ala socialista del Congreso afirmando que “no están ahí” porque consideren “necesario” el decreto, sino porque “Sánchez tenía que mantenerse en el poder un día más”.
El diputado se ha preguntado “dónde está la ministra”, en referencia a la sonada ausencia de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha señalado que el decreto es “pura improvisación, propaganda y supervivencia política”. “Dicen que la economía va como un cohete, pero lo que va realmente así es la precariedad”, ha concluido.
Por su parte, Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, ha acusado al Gobierno de hacer de la vivienda “un bien escaso” para que “más gente lo quiera”. “Si hoy los grandes pueden fijar precios a placer es porque ustedes han generado las condiciones idóneas para ello con una demanda estrafalariamente inflada”.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, explicó antes de la votación que su formación mantendría el rechazo al decreto porque “castiga y criminaliza” a los propietarios y favorece a los fondos buitre.
El secretario general de Junts ha considerado que la medida "castiga una vez más al pequeño propietario", por lo que aprobarla provocaría una disminución de la oferta de alquiler ya que, si "se les criminaliza", los dueños optarán por vender sus viviendas antes que ponerlas en el mercado.
El voto en contra de Junts, ha defendido Turull, tiene el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, proteger la propiedad privada y garantizar una "seguridad jurídica" para que más gente quiera poner pisos en alquiler. "Cuando haces una política de vivienda en la que te cae más simpático un okupa que un propietario, vas al fracaso", ha sentenciado.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado al partido de Turull por su voto en contra al afirmar que “es gravísimo que los diputados no respondan a su gente, como pasa con Junts”.
El PNV se ha abstenido, tal y como había sido anunciado por su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, quien ha explicado que la decisión se debe a cuestiones “de forma y de fondo”, y que si bien no duda de que la medida sea “bienintencionada”, lo que se necesita para abordar la crisis de la vivienda son “acuerdos a medio y largo plazo”.
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