La exnúmero dos de García Ortiz pide el indulto para el exfiscal general por la "incidencia desorbitada" de su pena

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, antigua mano derecha del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un informe ante la Sala Segunda del Alto Tribunal en el que apoya conceder el indulto a García Ortiz, condenado el pasado mes de noviembre por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Muy cercano al Gobierno de Pedro Sánchez -había sido el número dos de la exfiscal general y exministra de Justicia del PSOE Dolores Delgado- García Ortiz fue el primer fiscal general juzgado y condenado en España. El Supremo le impuso una pena de dos años de inhabilitación especial para el cargo, así como al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, así como a abonar las costas del procedimiento.

Sánchez Conde, nombrada como segunda del Ministerio Público también por la exministra socialista Delgado, reclama que la citada pena por inhabilitación, que quedaría extinguida el 9 de diciembre de 2027, sea indultada, por lo que reclama que se le perdone lo que le queda por cumplir cuando se le conceda el indulto.

Pasando por alto la más que evidente afinidad -cuando no contubernio- de García Ortiz con el Ejecutivo sanchista, el informe alude a la ausencia del "beneficio personal" de García Ortiz respecto al delito cometido, la "incidencia desorbitada" de la condena "sobre la reputación, carrera profesional y posición institucional" del exfiscal y que el fallo ha "generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".

La teniente fiscal, perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales, al igual que el propio García Ortiz, Delgado y la actual fiscal general Teresa Peramato, indica que la condena de la Sala Segunda "ha cumplido las funciones retributivas a que estaba llamada, pues ha afirmado la vigencia de la ley penal, ha declarado la responsabilidad penal, ha preservado el principio de igualdad ante la ley, mostrando que incluso las más altas autoridades del Estado están sometidas a control judicial".

Respecto al indulto parcial que defiende, señala también que, al haber abandonado su puesto de fiscal general tras conocerse el fallo de la sentencia, una nueva fiscal general del Estado -en alusión a Peramato- ha sido nombrada por un mandato de cuatro años, cargo del que solo puede ser cesada por "unos estrictos motivos tasados" en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por lo que entiende que la extensión de la pena de inhabilitación especial "carece de gran relevancia".

El indulto, añade, tampoco equivaldría a revisar los hechos que se han considerado acreditados ni su calificación jurídica, y su solicitud "solo se encamina a tomar en consideración si la ejecución íntegra de la pena resulta necesaria, proporcionada y útil desde la perspectiva de la justicia, la equidad y la utilidad pública".

"No puede desconocerse, que ausente todo motivo de lucro, la actuación del penado tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución por él presidida ante los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático e incluso su propia actuación al imputársele falsamente, y así está reconocido, un comportamiento no acomodado al ordenamiento jurídico, lo que permite apuntar la dimensión institucional y constitucional del asunto", destaca.

Reclama también que se tenga en cuenta que García Ortíz en todo momento asumió "la responsabilidad en la confección de la nota de prensa informativa que está en la base de su condena", que ha estado siempre a disposición del tribunal, que renunció a su cargo, y que ha hecho entrega de todas las cantidades que le han sido requeridas para el pago de la multa impuesta y el abono de la responsabilidad civil.