La ciudadanía reclama una protección efectiva de sus derechos en el mundo digital

La ciudadanía reclama una protección efectiva de sus derechos en el mundo digital en asuntos que afectan a su actividad diaria y a los colectivos más vulnerables, como los menores. Así lo refleja la Encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, el primer estudio que evalúa el conocimiento de la población española sobre los derechos digitales, así como la valoración ciudadana sobre los riesgos, retos y oportunidades del entorno digital.

Es un proyecto elaborado por la Fundación ”la Caixa”, Red.es y la Fundación Hermes en colaboración con la Universitat de Barcelona, desarrollado en el marco del Observatorio de Derechos Digitales y presentado hoy, durante la primera jornada del I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona. La investigación muestra el retrato más completo hasta la fecha de cómo vive la ciudanía la transformación digital y cómo le afecta.

Qué derechos digitales deben ser protegidos por ley

Ante los riesgos asociados a la digitalización, las personas encuestadas muestran un amplio consenso sobre la necesidad de proteger legalmente las actividades especialmente expuestas. Así, la práctica totalidad de la ciudadanía considera que la privacidad y la protección de datos (96%), así como la protección ante situaciones de acoso, mensajes de odio y difamación en plataformas digitales (94%) deben estar garantizadas por ley. Igualmente, el 89% estima que el borrado de información personal disponible en internet y el acceso asequible a internet (81%) deberían gozar de protección legal.

Otros derechos que, según la opinión mayoritaria, deben ser legalmente reconocidos son la libertad de expresión en plataformas digitales (76%), la existencia de algoritmos no discriminatorios (73%) y el derecho a la revisión humana de decisiones automatizadas (72%).

Las personas encuestadas señalan mayoritariamente a las administraciones públicas (45%) y a las empresas tecnológicas (39%) como las entidades responsables de garantizar los derechos digitales.

Otro de los elementos destacables es la preocupación generalizada por la protección de los menores en el entorno digital. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital y se detecta un amplio consenso sobre la necesidad de implementar medidas de protección. El control parental es apoyado por el 96% de las personas encuestadas; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, por el 91%, y la regulación de la publicidad dirigida a menores, por el 96%.

Respecto a los medios preferidos para informarse, hasta los 29 años las redes sociales son la primera opción (55%). A medida que aumenta la edad, los otros medios van ganando más peso en las preferencias.

En cuanto a las noticias falsas, la mayoría cita las redes sociales (88%) como los entornos en las que más se difunden. Ante este escenario, el 78% afirma que verifica habitualmente el contenido de internet, ya sea consultando otras fuentes dentro del propio internet (53%) o en fuentes externas (25%). Un 18% admite que no comprueba su veracidad. Sobre la difusión de los discursos de odio, de nuevo las redes sociales (86%) son percibidas como el medio en el que más a menudo o muy a menudo se difunden este tipo de mensajes.

Riesgos y participación en línea

En cuanto a la seguridad en internet, un 69% de la población con educación obligatoria se siente poco o nada segura, porcentaje que se reduce hasta el 35% entre quienes tienen educación superior.

Entre los principales riesgos asociados al uso de internet, se señala la privacidad y control sobre los datos personales (48 %); las estafas y los robos (48 %); la suplantación de identidad (30 %); el acceso a información falsa (25 %), y el acoso, hostigamiento e insultos (19 %). Además, el 33 % de la población de entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet.

Ante la pregunta sobre el modo de participar en el espacio digital, el 71% apoya la identificación obligatoria para participar en redes sociales y foros frente a un 24% que defiende la participación anónima.

Percepción sobre las empresas tecnológicas

Las personas encuestadas señalan que las empresas tecnológicas acumulan con sus actividades demasiado poder económico (88%) y demasiada información personal (85%) de la ciudadanía. No obstante, un 64% considera que estas compañías desarrollan una actividad beneficiosa.

Inteligencia artificial: límites y desarrollo

El 77% de las personas encuestadas pide más regulación de la inteligencia artificial y el 56% prefiere que su desarrollo se ralentice. El 49% considera que la IA tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Derechos digitales como concepto global

El informe pone de manifiesto la importancia de la pedagogía y la alfabetización para aumentar el conocimiento sobre los derechos digitales en su conjunto, entendidos como una extensión de los derechos de las personas en la esfera digital, en un contexto en el que 7 de cada 10 ciudadanos han oído hablar del término derechos digitales, pero un 28% no sabría explicarlo.

Competencias digitales

Por último, 9 de cada 10 ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar, una cifra que cae hasta el 46% entre los mayores de 60 años y hasta el 44% entre las personas con niveles de estudios más bajos, especialmente en tareas de relativa complejidad, como realizar trámites administrativos en línea.

Ahondando en los trámites administrativos, entre el 70 y el 80% de la población de entre 18 y 59 años afirma que la digitalización de las administraciones públicas les ha facilitado la vida, porcentaje que desciende hasta el 49% entre los mayores de 60. En esa franja de edad, un 40% señala que los trámites en línea con los servicios públicos les dificultan la vida.

La investigación combina una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos con un estudio cualitativo. El trabajo de campo fue realizado entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025.

Valoración de la encuesta

Los datos de la encuesta han sido analizados en una mesa redonda en la que se ha preguntado a los participantes si consideran que estamos realmente protegidos en el entorno digital.

María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha indicado que «este informe, fruto de la relevante labor que viene desarrollando el Observatorio de Derechos Digitales, confirma que las medidas que el Gobierno de España está impulsando para proteger los derechos digitales están dando respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, especialmente, en lo relativo al desarrollo de un marco regulatorio adecuado y a la necesidad de proteger a nuestros menores. No vamos a dar ni un paso atrás: tenemos los mismos derechos en las redes que en la calle » .

Luisa Alli, directora general de la Fundación Hermes, ha manifestado que «los datos apuntan a un mandato social muy claro: más garantías en el entorno digital. Eso implica proteger mejor a los menores, responder a la desinformación y garantizar que el uso de datos y la tecnología se rigen por reglas comprensibles y exigibles».

Para Jesús Herrero, director general de Red.es, el informe «evidencia que la población reclama el fin de una red sin ley y la creación de un entorno digital en el que se garanticen los derechos en el mismo grado que ocurre en el mundo físico y que esté al servicio de la ciudadanía».

Por su parte, David Casado, responsable de la Unidad de Prospectiva, Investigación y Evaluación del Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, destaca que «este estudio confirma que los derechos digitales han pasado de ser un debate abstracto a una preocupación cotidiana. La ciudadanía pide que la transformación digital se haga con seguridad, equidad y confianza, y con especial atención a la protección de la infancia».

Para Jordi Muñoz, profesor agregado de Ciencias Políticas de la Universitat de Barcelona, «la encuesta muestra una combinación muy significativa: preocupación alta y una demanda clara de reglas y mecanismos de protección. El consenso en torno a los menores es casi universal y el mensaje general es que la ciudadanía quiere derechos digitales que se traduzcan en medidas concretas y evaluables, y espera que tanto los poderes públicos como las empresas tecnológicas se impliquen en su protección».