Nos dirigimos a esa Real Academia con el respeto institucional que merece y con franqueza. El 7 de mayo de 2026 el pleno proclamó la candidatura del señor Sergio Ramírez Mercado a la silla L que dejó vacante don Mario Vargas Llosa. Reconocemos su obra literaria, no es eso lo que cuestionamos.
Escribimos sobre la idoneidad de esta candidatura para esa silla y sobre la responsabilidad política e institucional del señor Ramírez Mercado, que abarca tres momentos distintos y documentados: su membresía en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) entre 1979 y 1985, en la que ejerció poder constituyente y ejecutivo de facto; su mandato como vicepresidente de la República entre 1985 y 1990; y su candidatura renovada a la vicepresidencia en las elecciones del 25 de febrero de 1990, en las que encabezó la fórmula del FSLN junto al dictador Daniel Ortega, en busca de prolongar ese proyecto sandinista totalitario. No se trata, pues, de quien sirvió en un cargo y lo dejó: el señor Ramírez Mercado buscó la reelección de ese mismo régimen hasta el último día en que le fue posible.
El registro de hechos graves cometidos durante ese periodo es extenso y proviene de fuentes independientes de reconocida autoridad internacional:
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe sobre la situación de los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de origen miskito (1983), documentó traslados forzosos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y destrucción de comunidades indígenas en la Costa Atlántica. En su Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Nicaragua (1981) la misma Comisión consignó el cierre de medios de comunicación, la detención arbitraria de opositores y restricciones sistemáticas a los derechos Americas Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua dejaron registros concordantes sobre el mismo periodo.
- Las violaciones documentadas no se limitaron a la represión política. Abarcaron la restricción sistemática de la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de asociación, el derecho al disenso, la libre empresa y la manipulación de la educación pública. La censura sobre los medios de comunicación durante ese periodo está recogida con rigor documental en Chamorro C. (1987), Frente a dos dictaduras: La lucha por la libertad de expresión, y en Cardenal Ch. (1989), Lo que se quiso ocultar: ocho años de censura sandinista, obras que documentan el cierre, la intervención forzosa y el hostigamiento sistemático a la prensa independiente nicaragüense bajo el régimen revolucionario al que el señor Ramírez Mercado perteneció en sus más altos cargos.
- En el plano de los actos institucionales, consta que el señor Ramírez Mercado, como miembro de la JGRN, suscribió el Decreto ° 1327 de 1983, por el que se instituyó la Ley del Servicio Militar Patriótico, que incorporó obligatoriamente a miles de jóvenes nicaragüenses al Ejército Popular Sandinista.
- Más de cincuenta mil nicaragüenses perdieron la vida en el conflicto armado que siguió, decenas de miles más fueron presos políticos, y se estima en cincuenta mil el número de desaparecidos. La responsabilidad colegial de la JGRN por los actos de ese periodo, incluidas las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CIDH, es una cuestión de derecho público que no prescribe.
- Tampoco puede omitirse lo ocurrido al término de ese régimen. Tras la derrota electoral del 25 de febrero de 1990, la Directiva Nacional del FSLN y el vicepresidente Ramírez Mercado diseñaron y promulgaron, con apoyo de asesores jurídicos de la Presidencia y de la Asamblea Nacional bajo control sandinista, las Leyes 85, 86 y 88, mediante las cuales se legalizaron en favor de dirigentes del partido y del Estado miles de propiedades adquiridas a través de decretos confiscatorios durante el decenio anterior.
- Este proceso, conocido públicamente como "La Piñata", supuso la transferencia de más de veinte mil propiedades e implicó una deuda interna para el Estado nicaragüense estimada en más de dos mil millones de dólares. El señor Ramírez Mercado no fue un observador de ese proceso: las fuentes documentales lo sitúan entre sus diseñadores y beneficiarios. En efecto, en declaraciones de la época ante preguntas sobre enriquecimiento ilícito, el propio señor Ramírez Mercado afirmó: "no tengo nada, la casa en que vivo es propiedad del Estado y la desocuparé cuando deje el cargo" —afirmación que fue contradicha por la evidencia posterior (Piñata Theology, Crisis Magazine, 1990).
- La insuficiencia de la autocrítica del señor Ramírez Mercado respecto de ese periodo no es abstracta: tiene expresión reciente y concreta. El 4 de mayo de 2026, al recibir el Premio José Ortega y Gasset de Periodismo, pronunció un discurso en el que denunció las violaciones a la libertad de prensa cometidas por el régimen actual de Daniel Ortega y
Rosario Murillo —el cierre de más de sesenta medios, el destierro de más de trescientos periodistas—. Sin embargo, al trazar su línea de memoria entre la censura somocista y la censura presente, no incluyó una sola mención a lo ocurrido durante los ocho años en que él mismo ejerció cargos de máxima responsabilidad en el Estado.
- La omisión no se limita a ese discurso: no consta que el señor Ramírez Mercado se haya pronunciado públicamente, en ningún escenario, sobre la persecución sistemática que sufrió la Iglesia católica en Nicaragua durante ese periodo —que incluyó la expulsión de sacerdotes, el hostigamiento a obispos y la supresión de actividades pastorales por parte del Estado— ni sobre los horrores documentados de la dictadura cubana, aliada estratégica y modelo ideológico del sandinismo al que perteneció. Esa omisión sostenida mide la deuda que el señor Ramírez Mercado mantiene con la verdad histórica.
Estos hechos no son patrimonio de una opción política. Son patrimonio del derecho internacional de los derechos humanos y del estado de derecho, una deuda histórica con la humanidad y sus víctimas.
Por eso, con el debido respeto, formulamos a esa Real Academia tres preguntas imprescindibles antes de la votación del 21 de mayo:
- ¿Se ha valorado expresamente la responsabilidad política e institucional del candidato como cofirmante de decretos de la JGRN, como vicepresidente del Estado nicaragüense durante el periodo en que los hechos descritos fueron documentados, como candidato a la reelección del régimen sandinista en 1990, como jefe de la bancada sandinista, y como arquitecto y beneficiario del proceso de transferencia patrimonial conocido como "La Piñata", confrontando esa valoración con el simbolismo del sillón
que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz pública persistente contra los totalitarismos en América Latina?
- ¿Existe constancia de que el candidato haya hecho una autocrítica pública, específica y suficiente sobre los hechos descritos por la CIDH, sobre la censura y las violaciones de libertades civiles documentadas para ese periodo, sobre su rol en el diseño de las Leyes 85, 86 y 88, y sobre el Decreto n.° 1327 del Servicio Militar Patriótico y no únicamente sobre el actual régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
- Siendo la Real Academia Española una institución que custodia un idioma compartido hoy por más de seiscientos millones de personas en el mundo, incluidas víctimas y descendientes de los hechos documentados para ese periodo histórico,
¿Considera esa Academia que esta candidatura, en este sillón concreto, contribuye verdaderamente a la dignidad, la memoria y la concordia de dicha comunidad lingüística?
No pedimos a la Academia que actúe como tribunal. No ha existido, hasta la fecha, ningún proceso judicial que haya examinado la responsabilidad del señor Ramírez Mercado por los hechos documentados de ese periodo, no porque fuera exonerado, sino porque los mecanismos de justicia transicional nunca se activaron en Nicaragua. Le pedimos a la Academia que pondere, con criterio público, que esta candidatura, en este sillón y en este momento, no honra la memoria del académico al que sustituye ni la dignidad del idioma que custodia.
Somos conscientes de la trayectoria posterior del señor Ramírez Mercado como crítico del régimen de Ortega-Murillo, de su exilio y de su desnacionalización forzosa. Reconocemos esa trayectoria; sin embargo, ella no absuelve históricamente frente a las víctimas y sus descendientes del periodo 1979-1990.
La cuestión no es esa, sino la del periodo en que ejerció la vicepresidencia de Nicaragua —y del que el señor Ramírez Mercado no se separó sino hasta 1995, cuando cofundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS)—. Durante ese periodo fue, además, jefe de la bancada sandinista y miembro de la Dirección Nacional del FSLN: no fue un colaborador circunstancial, sino parte del núcleo dirigente del régimen.
El silencio o la insuficiencia de su autocrítica respecto de los hechos documentados de aquella etapa —reiterados, como hemos señalado, en los escenarios más recientes— le impide presentarse como moralmente desvinculado del aparato político que ayudó a dirigir. El reconocimiento literario no puede convertirse en amnistía moral frente a responsabilidades históricas.
Solicitamos respetuosamente a esa Real Academia que esta carta sea leída en pleno o, en su defecto, distribuida a todos los académicos de número antes de la sesión del 21 de mayo. Adjuntamos dosier con evidencias y estamos disponibles para ofrecer testimonios directos donde lo consideren necesario y para sostener este planteamiento por las vías que esa Academia disponga.
Sin perjuicio de lo anterior, la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo rechaza esta candidatura. La silla L es el lugar que ocupó don Mario Vargas Llosa, voz persistente contra los totalitarismos en América Latina. Afirmamos que esta candidatura no honra la memoria moral, intelectual e histórica asociada a ese lugar de la lengua española, y que la designación del señor Ramírez Mercado para este sillón es incompatible con la dignidad que esa distinción exige.
La dignidad de las víctimas también merece un lugar en la memoria del idioma.
Reciban el testimonio de nuestra consideración más distinguida.
Por la Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo, así como intelectuales, académicos, artistas y periodistas independientes de América:
- Jonathan Braudy Sánchez — Coordinador
- Alberto Fibla (Cuba)
- Alejandro Velez Brenes (Nicaragua)
- Alejandro Bravo-Jose (Nicaragua)
- Alejandro Centeno (Nicaragua)
- Alexander Gómez (Nicaragua)
- Ana Margarita Abaunza (Estados Unidos- Nicaragua)
- Antonio Calatayud (Cuba)
- Ariel Rivera Aguerri (Nicaragua)
- Armando López Estrada (Cuba)
- Benjamín de Yurre (Venezuela)
- Carlos Jarquin Hernández (Nicaragua)
- Crisanto Solis (Nicaragua)
- Dania Obando (Nicaragua)
- Daniel Esquivel (Nicaragua)
- Dollma Jerez (Nicaragua)
- Edgard Blanco (Nicaragua)
- Edgard Simón Rodríguez (Venezuela)
- Felipe Hernández Pallares (Cuba)
- Fernando Caula (Cuba)
- Freddy Solorzano (Venezuela)
- Guillermo Luis Restrepo (Colombia)
- Gustavo Teffel (Nicaragua)
- Héctor Fabian (Cuba)
- Javier Cruz Herrera (Nicaragua)
- José Daniel Ferrer (Cuba)
- José Josué Garay (Perú)
|
- José Rayo (Nicaragua)
- José María Ortega (Nicaragua)
- Juan Holmann Chamorro (Nicaragua)
- Julio Ramos (Cuba)
- Kenia Gutiérrez (Nicaragua)
- Keyla Chow (Nicaragua)
- Lino Pérez (Estados Unidos/Nicaragua)
- Luciano García (Nicaragua)
- Luis Fley González (Nicaragua)
- Maibort Petit (Venezuela)
- Marco Novoa (Estados Unidos/Nicaragua)
- Marisol Caminero (Cuba)
- Marlon Aguirre (Nicaragua)
- Martha Vega (Ecuador)
- Medardo Mairena (Nicaragua)
- Noel Vidaurre (Nicaragua)
- Olesia Muñoz (Nicaragua)
- Octavio Tovar (Venezuela)
- Orlando López (Honduras)
- Presley Alejandro (Nicaragua)
- Ricardo Zeas Mendoza (Nicaragua)
- Roger Silverio (Cuba)
- Ruben Gutiérrez (Cuba)
- Rudy Siles (Nicaragua)
- Valeska Valle (Nicaragua)
- Yaritzha Rostrán Mairena (Nicaragua)
- Firmas que suscriben desde nuestra petición en el change.org
|
Hasta aquí la carta enviada por la Asociación Víctimas del Sandinismo. Prohibido olvidar.
Anexo documental
Americas Watch Committee. (1982–1989). Informes sobre Nicaragua [serie de informes].
Americas Watch Committee / Human Rights Watch. https://www.hrw.org/publications?country%5B%5D=9562
Amnesty International. (1981–1990). Informes anuales: capítulo Nicaragua. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/annual-report-archive/
Cardenal Ch., R. (1989). Lo que se quiso ocultar: 8 años de censura sandinista (Serie Democracia hoy). Libro Libre. https://www.enriquebolanos.org/libro/Lo-que-se-quiso-ocultar-8-a%C3%B1os-de-censura-sandinista
Chamorro C., J. (1987). Frente a dos dictaduras: La lucha por la libertad de expresión.
Fundación Enrique Bolaños. https://www.enriquebolanos.org/media/archivo/Frente_a_dos_dictaduras,_La_lucha_por_la_libertad_expresion_-_Jaime_Chamorro_C_-_Parte_2_de_3.pdf
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1981). Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Nicaragua (OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 25). Organización de los Estados Americanos. https://www.cidh.oas.org/countryrep/Nicaragua81sp/introduccion.htm
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1983). Informe sobre la situación de los derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de origen miskito (OEA/Ser.L/V/II.62, doc. 10, rev.). Organización de los Estados Americanos. https://cidh.oas.org/countryrep/Miskitosesp/Indice.htm
Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. (1981–1990). Informes anuales. CPDH. https://id.loc.gov/authorities/names/n80096166.html
Crisis Magazine. (1990). Piñata theology: The Sandinistas' preferential option for the rich. https://crisismagazine.com/vault/pinata-theology-the-sandinistas-preferential-option-for- the-rich
Nicaragua, Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. (1983, 6 de octubre). Decreto n.° 1327: Ley del Servicio Militar Patriótico. La Gaceta, Diario Oficial, (228). https://sajurin.enriquebolanos.org/docs/JGRN_1327.pdf
Nicaragua Investiga. (2023). La Piñata en los 80: más de 20 mil propiedades tomadas por el sandinismo. https://nicaraguainvestiga.com/especiales/123147-pinata-propiedades-tomadas- sandinismo/