El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a la gerente del PSOE, Ana Fuentes, en el marco de la investigación de una pieza separada del caso Leire Díez sobre una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.
El juez dirige el procedimiento contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Sobre Fuentes, Pedraz considera que de los hechos investigados aparece descrita la indiciaria responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE "al menos como cómplice" en la comisión de los delitos antes descritos y, en todo caso, como autora del posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.
Pedraz pide volcar los correos
El juez Santiago Pedraz ha solicitado a la UCO el contenido íntegro de los correos electrónicos de Ana Fuentes, del exsecretario del PSOE y del responsable de comunicación del partido, Ion Antolín.
En concreto, de Santos Cerdán solicita el volcado de sus correos desde 2021 a la actualidad; de Fuentes y Antolín desde 2024, al igual que los de las direcciones de correo asociadas a la gerencia del partido; y de dos trabajadoras.
Pedraz también ha autorizado a la UCO que vuelque en Ferraz la estructura completa de carpetas y subcarpetas digitales almacenadas en su red informática y que recabe el control de acceso en la sede socialista de 27 personas, entre ellos de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolset, Leire Díez, Antolín, el abogado Jacobo Teijelo, Zarrías, la empresaria Carmen Pano o, incluso, el excomisario José Villarejo.
El magistrado pide que en ese informe detallado de entradas -también el control de vehículos- entre 2024 y 2025 se incluyan la información sobre 35 fechas concretas, entre ellas el 26 de abril de 2024, día en la que se produjo la primera reunión de algunos de los investigados y que el juez considera "el punto de inflexión" para el inicio de los trabajos de la presunta trama.
También ha requerido a la UCO el examen íntegro "in situ" de los libros contables del partido en los ejercicios 2024 y 2025, que soliciten información del procedimiento interno del PSOE para autorizar gastos y pagos o documentación relativa a la campaña publicitaria de las elecciones al parlamento de Cataluña de mayo de 2024.
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