La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pedido a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la devolución de 113.000 euros por la "apropiación indebida" del 'software' desarrollado para la cátedra que codirigió en la misma institución.
El juez Juan Carlos Peinado mantiene investigada a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, malvesaricón e intrusismo. La causa investiga el papel de la mujer de Sánchez en la cátedra de la Complutense y si influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatario de contratos públicos.
Tal como adelanta El Español, la Universidad cifra en 113.509,32 euros el perjuicio económico derivado de los servicios empresariales contratados para el desarrollo del 'software' a cargo de varias empresas.
La institución ya se personó como perjudicada en la causa el pasado mes de octubre y afirmó que la cátedra codirigida por la mujer del presidente del Ejecutivo "se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública".
El coste del 'software' habría ascendido a 108.765,79 euros de dinero público, a los que se suman otros 4.743,53 por "el coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración" que intervino en su desarrollo y adaptación.
Pide aplazar su citación 9
El abogado de Begoña Gómez ha pedido aplazar a otra fecha su citación para la audiencia previa al futuro juicio que convocó esta semana el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 9 de junio, ya que ese día tiene otra cita en los tribunales.
El magistrado les ordenó comparecer personalmente, porque la pena a la que se enfrentan los tres encausados "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia", en un escrito en el que les advierte de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no lo hacen.
Tras recibir la notificación de esta citación, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, ha remitido un escrito al juez solicitando el aplazamiento, han confirmado a EFE fuentes próximas a la defensa de la mujer del presidente.
En su escrito, el juez Peinado recordó que el pasado mes de abril las acusaciones populares presentaron sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral, mientras la Fiscalía solicitó el archivo y las defensas también. Y determina que no quedan diligencias por practicar, de modo que procede convocar la audiencia preliminar.
Detalló que a esta audiencia deben acudir, además de los investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.
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