El primer gran delator de la incipiente era cristiana fue Judas, quien vendió a Jesús por treinta monedas. Desde entonces, la traición ha quedado grabada como una mancha moral que atraviesa los siglos y que sigue reapareciendo bajo nuevas formas en la vida pública.
El cardenal Fernando Chomalí ha sido claro y categórico al cuestionar la indicación que busca convertir a médicos, enfermeras, matronas, profesores y otros funcionarios públicos en una suerte de cuerpo auxiliar de control migratorio, paralelo a los servicios especializados del Estado.
Basta de hipocresías. La normativa impulsada por el gobierno de Kast pretende instaurar una cultura de la denuncia en hospitales, consultorios, establecimientos educacionales y jardines infantiles, trasladando a profesionales cuya misión es servir, educar o sanar, funciones que no les corresponden.
Particularmente preocupante es la situación de los CESFAM, donde una parte importante de la atención es realizada por profesionales extranjeros que han contribuido a suplir la escasez de especialistas en el sistema municipalizado de salud.
La indicación es cuestionable no solo desde el punto de vista práctico, sino también desde su origen ético. Su lógica instala un Estado que pone bajo sospecha valores esenciales de una sociedad civilizada: la confianza, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana.
Chomalí fundamenta su postura en la defensa irrestricta de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, cualquiera sea su origen, condición o color de piel. Su reflexión también dialoga con la advertencia formulada por Hannah Arendt sobre la banalidad del mal: cuando prácticas moralmente cuestionables se vuelven rutinarias y terminan siendo aceptadas como normales.
Nadie abandona su país por simple gusto. Dejar atrás familia, hogar, costumbres y afectos constituye, en sí mismo, un sacrificio doloroso. Miles de familias migrantes emprenden ese camino buscando mejores oportunidades, seguridad y un futuro más digno para sus hijos.
Chile, como nación soberana, ha sido históricamente un asilo contra la opresión. Desde la Independencia ha recibido a miles de inmigrantes que huían de guerras, persecuciones o crisis profundas. Esa tradición de acogida forma parte de nuestra identidad republicana y de los principios que decimos defender.
Los inmigrantes han contribuido al crecimiento económico, al desarrollo, a la educación, al arte y a la cultura nacional. Perseguirlos en aspectos básicos de la vida cotidiana implica una crueldad que creíamos superada por la experiencia histórica.
Como señaló el Arzobispo, a una persona enferma no se le pregunta su nacionalidad ni cómo llegó al país antes de prestarle asistencia. Primero está el deber de atenderla. Lo contrario supone degradar principios elementales de humanidad.
En salud, un médico no puede quebrantar el juramento hipocrático. Una matrona debe atender a una madre que está por dar a luz. Una enfermera debe cuidar y medicar a un paciente postrado. La condición migratoria de una persona no puede convertirse en una barrera para el ejercicio de esas responsabilidades esenciales.
La misma lógica alcanza a la educación pública. Jardines infantiles, escuelas y liceos reciben diariamente a hijos e hijas de migrantes que forman parte de nuestras comunidades. Denunciarlos por la situación administrativa de sus padres significa provocar un daño profundo e injustificado en su proceso formativo.
Durante mi período como director de la Escuela Industrial y del DUOC de San Antonio, me negué rotundamente a entregar listas de profesores, apoderados y estudiantes que fueran considerados contrarios al régimen dictatorial. Se exigía hacerlo bajo fuertes presiones. Entonces fue incorrecto y hoy también lo sería.
No podemos comportarnos como la Gestapo en la Alemania nazi ni reproducir prácticas que hoy observamos en organismos policiales dedicados a perseguir migrantes
indocumentados. La delación como política pública erosiona la convivencia democrática y degrada a quienes la ejecutan.
Estas directrices resultan, desde cualquier punto de vista, incompatibles con una democracia moderna que aspire a sostener principios de humanidad, justicia y respeto por la dignidad de las personas.
Si (
No(
