El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, insta a PP y PSOE a "ponerse de acuerdo" para legalizar las devoluciones en caliente.
La presión migratoria sobre Ceuta se ha intensificado en los últimos días con la entrada de alrededor de 1.500 inmigrantes ilegales durante la segunda quincena de julio, según los datos facilitados por las autoridades de la ciudad autónoma. La situación ha provocado la saturación de los recursos de acogida y ha llevado al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, a reclamar una respuesta "inmediata, decidida y enérgica" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde distintos sectores políticos y sindicales, así como desde responsables de la ciudad autónoma, se atribuye este incremento de llegadas a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide aplicar el rechazo en frontera —las denominadas "devoluciones en caliente"— a los inmigrantes interceptados en el mar cuando intentan acceder a Ceuta y Melilla a nado. Estas voces sostienen que la resolución ha reducido la capacidad de actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Vivas ha instado a su partido y al PSOE a que se “pongan de acuerdo” para legalizar las devoluciones en caliente, al entender que se trata de un asunto de Estado que requiere de ese apoyo.
Vivas ha dicho que es necesario “modificar” la ley de extranjería para “recuperar el rechazo en frontera”, ya que este “recurso” de la devolución inmediata de los inmigrantes se “ha perdido por la interpretación” del Tribunal Supremo.
“La sentencia ha desactivado uno de los recursos para rebasar la frontera que tenían los agentes y ahora se tiene que reactivar con una modificación de la ley, para lo cual deben ponerse de acuerdo PP y PSOE porque es un tema de Estado como la frontera, la inmigración y la estabilidad de una ciudad como Ceuta”, ha explicado el presidente autonómico.
Vivas ha considerado que esta modificación de la ley es “totalmente necesaria” al considerar que “si alguien sabe que es rechazado al momento no se intenta arrojar al mar”, lo cual permitiría aliviar la presión migratoria actual. Con la sentencia del Supremo, Vivas ha añadido que todos los adultos que entran en Ceuta “piden asilo y es imposible que puedan ser devueltos a su país”.
La combinación de esta resolución judicial con la regularización masiva del Gobierno (que ha beneficiado hasta la fecha a más de 3 millones de inmigrantes ilegales) ha reforzado un "efecto llamada", al transmitir la percepción de que el acceso irregular a territorio español tiene escasas consecuencias inmediatas. Mucho que ganar y casi nada que perder...
La respuesta del Gobierno: mandarlos a la península
No obstante, la respuesta del Gobierno ha sido la habitual hasta ahora: enviarlos a la península. Fuentes policiales han confirmado a EFE que este mediodía se ha producido la salida de la ciudad de un grupo de 39 personas que estaban acogidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
La mayor parte de dicho grupo son subsaharianos procedentes de Sudán, que han sido acogidos en los programas de atención humanitaria.
La salida se ha producido en un contexto donde el CETI tiene ocupadas sus 512 plazas e incluso alberga en sus instalaciones a cerca de 600 personas mientras que más de 400 esperan a las puertas del recinto.
Las continuas entradas de inmigrantes a nado, principalmente marroquíes y argelinos, han provocado una de las peores crisis migratorias en Ceuta de los últimos años.
El Gobierno ceutí ha comparado esta crisis con la de agosto de 2024 y la ha asemejado a la de mayo de 2021, cuando entraron más de 12.000 personas por el espigón fronterizo.
Promoción institucional de la crisis migratoria
2013: El blindaje del derecho laboral
La Unión Europea acometió la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). Aunque endureció ciertos controles fronterizos, impuso la obligación de otorgar acceso al mercado laboral a los solicitantes en un plazo máximo de nueve meses. España redujo este límite internamente a los seis meses actuales, garantizando la autosuficiencia económica del inmigrante durante la espera de su resolución.
2019: La vía de las razones humanitarias
El Tribunal Supremo de España marcó un hito jurisprudencial al validar la concesión sistemática de residencias temporales por razones humanitarias a los solicitantes a quienes se les denegaba el asilo político formal. Este cambio de criterio institucional abrió un canal masivo de regularización que benefició de forma prioritaria a cientos de miles de ciudadanos de nacionalidad venezolana.
2022: El escudo automático para Ucrania
Ante el estallido de la guerra, la Unión Europea activó de forma inédita la Directiva de Protección Temporal de 2001. Este mecanismo eludió el colapsado procedimiento de asilo individual, concediendo de manera automática e inmediata permisos de residencia y de trabajo a millones de desplazados ucranianos, agilizando su inserción legal e institucional en España.
2022: Flexibilización de Extranjería
El Gobierno español reformó el Reglamento de Extranjería para aliviar la presión del sistema de protección internacional. La modificación introdujo nuevas figuras legales, como el arraigo para la formación, y facilitó la incorporación al mercado laboral de estudiantes extranjeros, ofreciendo vías alternativas de regularización para quienes veían rechazadas sus peticiones de asilo.
2026: La regularización de puertas abiertas
A las puertas de la aplicación del nuevo pacto europeo, España impulsó un proceso de regularización extraordinaria dirigido a aflorar la economía sumergida. Este mecanismo ha permitido canalizar cerca de 1,2 millones de solicitudes de extranjeros sin papeles que ya residían en territorio nacional, transformando el limbo legal previo en autorizaciones ordinarias de residencia.
2026: El fin del rechazo exprés a nado
En julio de 2026, una sentencia histórica de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo determinó que la Ley de Extranjería prohíbe las "devoluciones en caliente" por vía marítima. El Alto Tribunal fijó doctrina dictaminando que el rechazo en frontera solo es aplicable legalmente en los vallados terrestres, por lo que obliga a las fuerzas de seguridad a tramitar un proceso de devolución ordinario con todas las garantías jurídicas y de asilo a quienes intercepten en el mar o alcancen a nado las costas de Ceuta y Melilla.