A hurtadillas, casi clandestinamente, Pedro Sánchez ha vuelto al palacio de La Moncloa y ha abandonado el palacio real de La Mareta, donde ha pasado las vacaciones más largas de un presidente del Gobierno. Poco antes de instalarse a descansar y de visitar fugazmente Ceuta para hacer el paripé, el presidente del Gobierno confirmó la estrategia para consumar la legislatura. Recuperar el apoyo de sus socios, más que para aprobar los presupuestos, para asegurarse otro Gobierno Frankenstein en 2027. Proseguir con la triquiñuela de ensanchar el censo para arañar unos votos, millones si puede, entre los descendientes de los exiliados republicanos y los inmigrantes nacionalizados. Y, en especial, borrar toda sombra de corrupción que le acecha para presentarse ante las urnas, limpio de polvo y paja. Una ardua tarea.
En su último Consejo de Ministros indultó a la que fuera presidenta el Parlamento catalán y antigua líder de Junts, Laura Borrás, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a más de cuatro años de prisión, trece años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. De nuevo, Pedro Sánchez hace lo contrario de lo que prometió en la última campaña electoral. Primero indultó a los condenados por el intento de golpe de Estado del 1-O para que salieran de la cárcel y, luego, se inventó una ley de amnistía a medida de Puigdemont, a pesar de asegurar que nunca haría ni lo uno ni lo otro, lo que le sirvió para ser investido presidente del Gobierno con el apoyo de Junts y ERC, después de perder las elecciones en 2023. Y, así, la gran mentira de la campaña le llevó a La Moncloa.
Y ese es el motivo real del indulto de Laura Borrás: intentar recuperar los 7 escaños de Junts perdidos hace mucho. Y, de paso, indultar a dos socialistas para preparar el terreno. Para que su mujer, su hermano y, desde luego, Zapatero en caso necesario, puedan eludir sus condenas con medidas de gracia aprobadas por el Consejo de Ministros. Y, como está previsto, de los casos de Ábalos, Koldo y Cerdán se ocuparía el Tribunal Constitucional del socialista Conde Pumpido.
Así entiende Pedro Sánchez el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia. Cuando los tribunales condenan a sus familiares, a sus amigos socialistas o a sus socios, el Consejo de Ministros los indulta. La coartada es la habitual. Esas condenas son fruto del “lawfare” y, por tanto, es “de justicia” aplicar los indultos. Pero la verdad es otra: la autocracia de Pedro Sánchez se acrecienta a medida que se multiplican sus problemas políticos y parlamentarios.
En este largo año, en fin, Sánchez ni se va a preocupar de gobernar, como ha demostrado con su dejadez tras los virulentos incendios que han calcinado media España y la invasión de Ceuta. Sólo se va a preocupar y ocupar de allanar el camino para poder permanecer en La Moncloa en 2027 y “más allá”. Y esa es la gran amenaza para España. Pues nunca hay que descartar que lo consiga.
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