Acuerdo en el Consejo de Ministros: el PSOE se ha plegado finalmente a las exigencias de Sumar, aunque se ha visto obligado a trocear el decreto ley sobre vivienda, con el fin de tratar de aprobar al menos uno en el Congreso. El otro llevará las medidas maximalistas de Sumar, que dejan al propietario desprotegido frente a morosos y okupas, lo que ya ha motivado la reacción de rechazo Junts.
Un pleno extraordinario para este viernes
El Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación "inmediata" de los dos decretos de vivienda aprobados este martes, "debido a la importancia de estas medidas", según indican fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha aprobado finalmente este martes en la reunión del Consejo de Ministros dos reales decretos ley de vivienda "para defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".
Las medidas aprobadas incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028.
Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto, entre otras cuestiones.
Dos decretos
La posibilidad de que esas medidas se repartieran en dos decretos se había barajado durante las negociaciones para facilitar que sean aprobadas las que se consideran "de mayor urgencia", ya que hay aspectos en los que es más difícil el acuerdo con otros grupos parlamentarios para que consigan el aval del Congreso.
Las fuentes citadas remiten a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo para conocer los detalles de las medidas. Sumar había llegado a amenazar con un "plantón" en la reunión del Consejo de Ministros si no se aceptaban una serie de medidas concretas.
Este lunes envió un borrador al PSOE que defendía, entre otras, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas, y reforzar la protección frente a los desahucios.