El real decreto ley que recoge la prórroga automática de los alquileres, promovido por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, se ha convertido en el de decreto más efímero de la democracia española: ha entrado en vigor este viernes tras publicarse ayer en el BOE y hoy ha sido derogado por el Congreso.
No obstante, aunque hoy haya sido rechazado en el Congreso de los Diputados, la derogación del decreto debe aún publicarse en el Boletín Oficial del Estado para que tenga validez oficial y efecto general, cosa que probablemente sucederá mañana.
En una sesión extraordinaria, la Cámara Baja ha votado este viernes los dos decretos de vivienda que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, un paquete de medidas en materia de vivienda que se vio acelerado por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid, y la presión en la calle, con acampadas y movilizaciones por distintas ciudades españolas.
El primero de los decretos, el que recogía la mayoría de los medidas como aquellas relacionadas con los desahucios, se publicó en el BOE el miércoles y entró en vigor un día más tarde. Sin embargo, el segundo de ellos, el de la prórroga automática de los alquileres, se publicó en el BOE el jueves, entrando en vigor un día más tarde, hoy.
Según explicaron fuentes del Ejecutivo, este orden responde a que la última norma publicada es la que prevalece.
Con carácter general, los reales decretos ley suelen entrar en vigor un día después de su publicación en el BOE, aunque puede ocurrir que algunos artículos o disposiciones tengan una fecha de entrada en vigor distinta.
Una vez que se aprueba, el Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevar a convalidar un decreto en el Congreso de los Diputados.
Durante el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se ha derogado la mayoría de los reales decretos de la democracia, cinco de ellos con medidas de vivienda a lo largo de este año.
Su extensión ha sido variada, oscilando mayoritariamente desde los 20 a los 29 días.
Además del decreto del 79 de Adolfo Suárez, también destaca un real decreto ley -RDL 1/2006- durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que estuvo en vigor 19 días, y otro durante el ejecutivo del popular Mariano Rajoy -RDL 4/2017- que estuvo un día menos, 18.
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