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AYUNTAMIENTO DE MADRID

Almeida denuncia al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol

Almeida denuncia al exdelegado del Gobierno por la acampada de Sol
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(Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo)
lunes 16 de noviembre de 2026, 11:02h

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid han presentado hoy ante los juzgados de plaza de Castilla una denuncia contra el exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid Francisco Martín por un supuesto delito de prevaricación administrativa en su modalidad omisiva. Así lo ha manifestado la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha recordado que la inacción continuada del entonces delegado permitió, pese a saber que no era ajustada a Derecho, que la concentración ilegal en la Puerta del Sol se desarrollase entre el 26 de septiembre y hasta su dimisión, momento en el que su sucesora en el cargo le puso fin.

 Así, a lo largo de sus 30 páginas, la denuncia desarrolla cronológicamente los acontecimientos ocurridos esos días en una concentración ilegal que, como figura en el propio texto, “fue tolerada por quien ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, que tenía la competencia exclusiva de velar por la seguridad ciudadana y de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía en general y no solo de los ‘acampados’, aun sabiendo que dicha concentración en un espacio público no se ajustaba al ordenamiento jurídico”.

 Para reforzar esta tesis, además de acudir a jurisprudencia y desgranar los hechos objetivos y documentados ocurridos esos días (de los que el denunciado tuvo amplio conocimiento), la denuncia recuerda que el propio artículo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión facultaba al entonces delegado a levantar la concentración ilegal por la concurrencia de personas con objetos contundentes y peligrosos, susceptibles de ser usados como armas. En este sentido, se incluye también lo recogido en los requerimientos y cartas que, hasta en cuatro ocasiones, se le enviaron desde el Ayuntamiento de Madrid, recopilando informes de Policía Municipal y donde ya se afirmaba la presencia de esos objetos prohibidos, además de otros graves altercados para el orden público; los peligros en caso de una hipotética amenaza o situación de emergencia por la que hubiera que evacuar la plaza; los daños materiales que se estaban causando en bienes de especial protección, y los incidentes y agresiones que allí se producían.

 Así pues, tal y como recoge la denuncia “no se trataba de meras sospechas o hipótesis” que pudieran haber justificado la actuación de Francisco Martín, “sino que existían datos objetivos, fundados y suficientes” para ejercerla y poner fin a la acampada ilegal, no haciéndolo por su propia arbitrariedad. “Este comportamiento constituye, pues, una manifiesta injusticia, ya que carece de fundamento jurídico y obedece, exclusivamente, a la voluntad caprichosa de quien está llamado a garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, agrega el texto.

 Cambio de criterio de la delegación

Un aspecto recogido también en el documento y que sirve para desvelar que la falta de actuación voluntaria del denunciado puede ser constitutiva de un presunto delito de prevaricación administrativa es el cambio de criterio de la propia delegación tras la dimisión de Martín.

 Así, tal y como figura en la denuncia: “entre el 26 de octubre, día en que el denunciado negó la existencia de circunstancias que justificaran la disolución, y la madrugada del 3 de noviembre, momento en el que se produce el desalojo, no se produjo ningún nuevo hecho objetivo, grave y distinto de los que se habían estado comunicando a la Delegación del Gobierno desde el primer momento que justificara el cambio de criterio, salvo la dimisión en el cargo del propio denunciado”.

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