La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles la apertura de un procedimiento de responsabilidad patrimonial para reclamar a la Delegación del Gobierno los gastos acarreados por la acampada por el derecho a la vivienda que ha estado instalada durante 38 días en la Puerta del Sol.
Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha lamentado que la Puerta del Sol haya estado "secuestrada" durante más de un mes por una protesta "ilegal".
García Martín ha apuntado que, en concreto, la acampada ha supuesto un coste de 750.000 euros para Metro de Madrid, teniendo en cuenta el lucro cesante -se estima que ha perdido 494.000 viajeros- y los gastos en refuerzos de seguridad y limpieza.
También ha lamentado el "impacto negativo en los comercios de la zona, con pérdidas superiores a los 30 millones de euros, que han amenazado el empleo de todos estos comercios".
No obstante, ha agradecido a la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, que diera el martes la instrucción para el desalojo de la Puerta del Sol.