Los jueces amenazan con ir a la huelga en su disputa con el Ejecutivo

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha asegurado que el caso del juez de Sevilla Rafael Tirado "está flotando" en las protestas de los jueces, que han amenazado con una huelga para el 26 de junio, y que las asociaciones judiciales intentan "ahora" articular una serie de reivindicaciones.

En declaraciones a la Cadena Ser, el ministro de Justicia ha dicho que las cuatro asociaciones judiciales, que convocaron ayer un acto de protesta el próximo 18 de febrero y advirtieron de que si no se cumplen sus reivindicaciones convocarán una huelga, intentan encauzar el movimiento de base que ha tenido el origen en el caso Tirado. Los jueces expresaron su malestar por las opiniones a favor de aumentar la sanción de multa de 1.500 euros que le fue impuesta al juez de Sevilla por no ejecutar la sentencia que condenaba al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Para el ministro de Justicia, la cuestión no es si los jueces tienen derecho o no hacer huelga sino que se trata de que un titular de un Poder del Estado no se puede permitir ese "lujo", porque es una "traición" al mandato de los ciudadanos. No obstante, aunque ha señalado que debe ser el Consejo General del Poder Judicial el que debe fijar su criterio sobre el derecho o no a la huelga de los jueces, el ministro ha indicado que su opinión personal es que no.

Bermejo se ha mostrado "encantado" de hablar de todo lo que redunde en una mejora del servicio de Justicia, pero ha advertido: "no vamos a poder hablar de economía porque el horno no está para esos bollos, porque el gobierno va ayudar en 2009 a quien más lo necesita y tampoco vamos a poder hablar de renuncia por parte del gobierno" a criticar decisiones del CGPJ.

El ministro ha recordado que vivió algo parecido en los años 80 y ha considerado que se trata de algo cíclico, pero que ocurre cuando gobiernan los socialistas, ya que durante los 8 años de gobierno del PP, en los que "se hicieron cosas mínimas" en la Justicia, no tuvieron lugar.

Amenaza de huelga
La reunión celebrada este lunes por los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), ha concluido con un acuerdo para convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el 18 de febrero. Además, las asociaciones han concretado una serie de reivindicaciones, entre las que se encuentra la urgente instalación de la nueva Oficina Judicial y la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados.

Los representantes de las asociaciones trasladarán ahora su propuesta a las ejecutivas de cada una de ellas para que sea ratificada antes del próximo 6 febrero y, en caso de no conseguir esa ratificación, "cada asociación actuará con plena libertad" respecto a la convocatoria de una huelga para el 26 de junio.

Según ha explicado a los periodistas el portavoz de la AJFV, Lorenzo del Río, el objetivo del citado acto de protesta, que podría consistir en una concentración de cinco minutos o un cuarto de hora en las sedes judiciales, es "demostrar a la opinión pública el sentimiento generalizado" de la carrera judicial.

En esta reunión han consensuado una tabla común de reivindicaciones, entre las que se encuentra la urgente instauración de la nueva Oficina Judicial, la incorporación de las nuevas tecnologías a los juzgados y una revisión en profundidad de la actual planta judicial.

Medidas de presión
Para las asociaciones de jueces es necesario que se adopten medidas de presión para la consecución de dichos objetivos y así han acordado el acto reivindicativo, que, según Del Río, estará precedido de una rueda de prensa conjunta en Madrid. El acuerdo también incluye el anuncio de la convocatoria de huelga para el próximo 26 de junio "si no hay antes respuestas satisfactorias a estas reivindicaciones".

Las asociaciones, que representan al cincuenta por ciento de la carrera judicial, trasladarán este acuerdo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia a fin de que fijen un calendario de negociación y "derivados compromisos públicos".

Por su parte, los portavoces de la APM y de JpD, José Antonio Ballesteros y Miguel Ángel Gimeno, respectivamente, han hecho hincapié en que con la decisión adoptada hoy tratan de transmitir "un mensaje de unidad". "Pedimos una negociación y ofrecemos una predisposición al diálogo", ha concluido Ballesteros.

El objetivo del documento reivindicativo firmado es "dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los ciudadanos", para lo cual, según consta en el documento, "exigen el respeto al principio de división de poderes y a la independencia del Poder Judicial como fundamento del Estado Democrático de Derecho".

Los principales partidos, en contra de la huelga de jueces
Partido Socialista y Partido Popular rechazan la posibilidad de que los jueces puedan convocar una huelga. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha advertido a los jueces de que, por ley, para ellos "no es posible" celebrar una huelga. "Según la Constitución eso no es posible y yo espero que los jueces cumplan con las leyes", afirmó Blanco. Así de tajante se ha mostrado Blanco en la rueda de prensa tras la primera reunión de la Comisión Ejecutiva en 2009.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, reiteró esta posición en una entrevista a Europa Press en la que, además, aseguró que promover una huelga de jueces es "incurrir en actitudes irresponsables y antisistema".

También el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, asegura que "los jueces deben respetar la ley", que la Constitución les impide hacer huelga y que, en todo caso, "la huelga contribuye al atasco y al malestar de los ciudadanos con la Justicia".

Ministerio de Justicia: “una huelga de jueces sería injustificada e injustificable”
El Ministerio de Justicia cree que una huelga de jueces sería "injustificada e injustificable", al tiempo que considera "sorprendente y decepcionante" que las cuatro asociaciones judiciales amenacen con un paro si no se atienden sus reivindicaciones. Así ha respondido el Ministerio en un comunicado al documento reivindicativo hecho público este lunes por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente. Las cuatro asociaciones de jueces han acordado convocar un acto de protesta en todas las sedes judiciales el próximo 18 de febrero para exteriorizar el "malestar" y "hartazgo" de la carrera y han advertido de que si no se cumplen sus reivindicaciones irán a la huelga el 26 de junio.

El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo opina que vincular la huelga a una mejora económica resulta difícil de comprender en el actual momento de crisis y teniendo en cuenta que el salario medio de los jueces aumentará en 2009 en un 5 por ciento debido al incremento de las pagas extraordinarias. Justicia señala que es "incomprensible" para los ciudadanos que los titulares de un poder del Estado dejen de cumplir con sus funciones constitucionales para presionar a los otros poderes del Estado.

Asimismo, el Ministerio tacha de "incongruente" que se amenace con una huelga para la urgente instalación de la Nueva Oficina Judicial cuando el Gobierno ha remitido ya al Parlamento el proyecto de ley que la hará posible y ve "intolerable" que se intente presionar a las Cortes con una huelga para intentar condicionar parte del contenido de la próxima ley que regulará la oficina judicial.

El Ejecutivo se pregunta por qué se amenaza, ahora, con una huelga para reivindicar una mejora de las tecnologías informáticas en la Justicia, cuando se ha hecho el mayor esfuerzo presupuestario que se ha conocido en esa dirección y cuando, por primera vez, la partida de modernización tecnológica supera a la de infraestructuras y equipamiento. El Gobierno expresa su disposición al diálogo con las asociaciones judiciales, que están legalmente legitimadas para defender los intereses del colectivo judicial, con el objetivo de unir esfuerzos para ofrecer a los ciudadanos el servicio público de calidad al que tienen derecho.