Crisis y tutela del patrimonio en Italia

El patrimonio en Italia es tan vasto e imponente que sólo el dinero público no resulta suficiente, y menos aún en tiempos de crisis, con una ley de presupuestos generales que reduce el importe, ya ridículo, destinado a Cultura.

El gobierno, por tanto, se muestra favorable a continuar con la propuesta de privatización de parte del patrimonio, surgido en el 2002. Y así podíamos escuchar, hace unos meses, proyectos como el alquiler en Sicilia de los famosos templos de Agrigento por un periodo de treinta años, o la limitación de las visitas a los restos arqueológicos de Pompeya para alquilar el área a varias multinacionales.

No podemos permitir la venta o alquiler de obras maestras, que las alejarían de los museos, iglesias, salas de exposición, y con ello a millones de turistas, que cada año dejan en Italia diez millardos de euros. Los museos perderían a los ojos del público la condición de contenedor de valores no mercantiles, necesarios para el conocimiento de la historia humana.

Además, si estos bienes caen en manos privadas, se corre el riesgo que acaben en ruinas edificios históricos, o bien se haga inaccesible para la gente común su visita.

Sería interesante que la tutela del patrimonio cultural y artístico estuviera por encima de elecciones políticas. El gobierno italiano no puede disponer a su antojo de estas riquezas, sino que tiene la obligación constitucional de defensa y tutela para generaciones futuras, como redacta el artículo 9 de su Constitución: “La República... tutela el paisaje y el patrimonio histórico y artístico de la Nación”.

En un país que pierde competitividad en ámbito industrial, con dificultades para seguir el desarrollo impuesto por la globalización, tiene que considerarse el amplio patrimonio artístico como una oportunidad única para activar una nueva economía, basada en el turismo cultural, pero sin confundir el atractivo de los innumerables recursos que posee, con su gestión y organización.