288 fallos son ya favorables
Los objetores a EpC presentan más de 1.700 recursos judiciales
jueves 22 de enero de 2009, 12:09h
A sólo unos días de la reunión en la que el Tribunal Supremo deberá decidir si los padres tienen o no derecho a objetar a EpC, la plataforma cívica Profesionales por la Ética ha presentado los últimos datos judiciales relativos a la objeción a este conjunto de asignaturas. De esta forma, los objetores han presentado ya más de 1.700 recursos judiciales –contando los últimos de ayer mismo en Castilla-La Mancha–, la mayoría en Navarra, la propia comunidad manchega, Castilla-León, Andalucía y Galicia.
Hay que destacar que, hasta el momento, ya se han dado 288 fallos (entre Sentencias y Autos de medidas cautelares) judiciales favorables a los padres objetores. Del mismo modo, 29 fallos presentan fundamento y fallo contrario a la demanda de los padres objetores y otros 33 fallos incluyen fundamento favorable a los padres objetores y fallo contrario por falta de pruebas.
Para matizar, una objeción de conciencia es una declaración frente a la administración y un recurso judicial es una demanda con abogado y procurador.
A favor del derecho a la objeción
El coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, ha señalado a EL IMPARCIAL que “la inmensa mayoría de fallos judiciales son favorables a los padres objetores y proporcionan una argumentación muy consistente a favor del derecho a la objeción a EpC”.
Bazán ha señalado que es tan clara la potestad que tienen los padres en materia educativa que ha mostrado su plena confianza en que el Supremo aplique el Derecho en vigor, especialmente los fundamentales reconocidos en la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Ha insistido en que “hay pocos Derechos que estén tan expresamente recogidos en todos los textos internacionales de manera tan clara. Pocas cosas son tan unánimes”.
Para terminar, ha explicado que “el gran problema es que los magistrados hagan una administración política del derecho”. Eso es –ha resaltado– “pernicioso para el derecho y para la sociedad. Es una perspectiva de algunos teóricos del derecho, que en realidad son más teóricos de la ideología que del derecho, que es algo establecido y eso es lo que hay que aplicar”.