Agilizan sin contentar el trabajo judicial

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha la aplicación informática del Registro Central de Penado que se encontraba disponible para todos los juzgados y tribunales de España desde el pasado 19 de enero, para que los usuarios se familiarizaran con el sistema, y desde este martes es plenamente operativa para detectar de forma inmediata los antecedentes y la información sobre los penados.

EL IMPARCIAL se ha puesto en contacto con uno de los negociadores con el Gobierno, Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que ha declarado que se trata de un “sucedáneo” de lo reclamado por los jueces y que “no es lo que habíamos pedido”.

Esta nueva aplicación informática, en la que Justicia ha invertido 1.230.500 euros, “no es muy operativa” porque cada juez tiene que rellenar una ficha y remitirla al Registro. Este sistema se une a los Registros de Sentencias Firmes de Menores, de Rebeldes Civiles y de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica, que ya funcionan de forma telemática.

Además, estas 4 aplicaciones están preparadas para su futura interconexión dentro de un sistema integrado, lo que -recuerda Justicia- permite avanzar en el objetivo de modernización de la gestión y utilización de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial. A ese sistema integrado de registros administrativos, se unirá próximamente el Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En ese registro se inscribirán las penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia no firme y las medidas cautelares notificadas al imputado, los autos de declaración de rebeldía y los requerimientos de situación personal adoptadas en el curso de un procedimiento penal. Este sistema permitirá a los órganos judiciales disponer de otros elementos de juicio para poder ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal y les informará sobre la existencia de órdenes de busca y captura para que puedan valorar la probabilidad de un riesgo de fuga ante la posibilidad de dictar la libertad provisional del imputado.