La produccion de hachís protegida, por decreto real

Curiosamente, la operación antidroga ha coincidido con la visita del ministro del Interior Chakib Benmusa a Madrid, para hablar del narcotráfico y de la inmigración ilegal con su homólogo de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. También coincide esta enésima incautación de chira con el juicio abierto en Casablanca contra un centenar de personas acusadas de “organización criminal” y de “tráfico internacional de estupefacientes” por la Fiscalía. La mayoría de los acusados son miembros de las Fuerzas Armasdas, de la Marina real o de la Gendarmería.

“Todos los esfuerzos que hagan los gobiernos europeos, español y francés principalmente, para atajar el tráfico de droga procedente de Marruecos serán inútiles mientras no se haga frente al problema principal que radica en el hecho de que el cultivo de droga es amparado en Marruecos por Decreto real”, afirma una fuente marroquí a EL IMPARCIAL.

En efecto, la plantación de hachís en el norte de Marruecos está protegida por un Dahir firmado por el sultán Mohamed V en 1956. En la época la superficie dedicada al cultivo de la droga era de unas 60 mil hectáreas. Desde entonces, las tierras dedicadas al cultivo del cannabis han aumentado hasta llegar a las 135 mil hectáreas, del último censo oficial admitido por la Administración marroquí. Sin embargo, el Dahir (Decreto real que lleva el sello del Sultán) sigue vigente.

De hecho ninguna normativa gubernamental, ni procedimiento administrativo puede estar por encima de un Decreto real, que no sólo tiene fuerza de Ley, sino que solamente puede derogarse por el propio Sultán, actualmente el Rey de Marruecos Mohamed VI. Pues bien, desde 1956, fecha del Dahir que permitió y legalizó el cultivo de droga, hasta hoy ninguno de los tres monarcas que se han sucedido en el Trono alauita ha derogado este Dahir. Hassan II no lo quiso hacer, y Mohamed VI tampoco.

La destrucción de algunos cultivos en zonas cercanas a las localidades turísticas y a los ejes viarios principales, en particular en tierras cerca de la costa de Larache, se ha hecho por combatir la ilegalidad de dedicar determinadas tierras a estos cultivos sin los permisos necesarios. En realidad es el mismo principio que ampara la destrucción de viviendas ilegales construidas en parcelas no aptas. La eliminación de algunos miles de hectáreas dedicadas al cultivo de hachís, no se ha hecho pues por que el cultivo sea perseguido, sino por la elección de las tierras impropias para ello.

De hecho las superficies agrícolas destinadas al cultivo de la droga están censadas en los Presupuestos generales del Estado y en las estadísticas del ministerio de Agtricultura bajo el epígrafe de “cultivos industriales”. Son tierras que pagan los correspondientes impuestos agrícolas, y cuya producción es perfectamente legal.

El hachís marroquí sigue proliferando en el entorno de los establecimientos de enseñanza de España, así como en los barrios populares donde imperan las bandas de la delincuencia organizada; y constituye un problema de salud social que sólo puede ser atajado en sus raíces.

Los gobiernos europeos, y el español particularmente, deben exigir la derogación de este Decreto real, que es la pieza clave en el entramado del narcotráfico en Marruecos. Mientras el cultivo del hachís siga siendo legal, las mafias proliferarán y la corrupción continuará gangrenando el sistema.