El ex consejero de Deportes, sobornado a cambio de contratos

El ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo habría recibido hasta 238.000 euros en sobornos a cambio de contratos para las empresas del principal imputado en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, Francisco Correa. Así lo acreditan varios documentos en poder del magistrado de la Audiencia Nacional y que cuyo contenido ha conocido el diario EL MUNDO. En uno de ellos constan unos apuntes internos realizados en 2007, incluidos en un documento sin membrete.

En esos documentos se detallan hasta tres entregas de dinero diferentes, por una cuantía de 24.000, 6.000 y 8.000 euros, respectivamente. Ahora bien, lo que no consta en los documentos es en que concepto se abonan esas cantidades. La pista sobre ello la ofrecen las declaraciones de los imputados. "Veréis cómo ahora nos da más contratos. Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento". Así, Pablo Crespo Sabaris, administrador de Easy Concept, S. L., y número dos de Correa, aseguró a sus empleados.

El diario EL MUNDO recoge también algunas declaraciones de Francisco Correa en las que afirma que el López Viejo "se lleva una parte de cada acto que se hacía". Con todos estos indicios es muy propable que el ahora diputado autonómico Alberto López Viejo sea uno de los próximos imputados en la causa.

El PSM exige que López Viejo entregue su acta de diputado
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, anunció hoy que mañana exigirá al ex consejero de Deportes y diputado regional Alberto López Viejo que entregue su acta de diputado para que pierda su condición de parlamentario en la Asamblea de Madrid por su presunta vinculación a la trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón.

Así lo adelantó esta mañana el líder de los socialistas madrileños durante una visita que realizó al municipio de Arganda. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, anunció el pasado 9 de febrero la dimisión de López Viejo como consejero de Deportes por su supuesta implicación en la corruptela liderada por Francisco Correa.

El popular sigue ostentando su cargo como diputado autonómico, una condición que le permite ser aforado ante un proceso judicial y, por tanto, ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), competente para dirimir posibles responsabilidades penales de altos cargos autonómicos.