Interior impone un cupo semanal de extranjeros detenidos

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en las calles de Madrid están recibiendo órdenes de sus superiores de elevar las cifras de detenidos con el arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular. Según una nota interna a la que ha tenido acceso Europa Press, cada comisaría tiene que detener semanalmente a un número determinado de irregulares en función de la población del distrito y si no lo consiguen, cruzar los límites de su ámbito de actuación y arrestar en otros distritos.

"Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito", recoge una nota interna de la comisaría citada y que está fechada el pasado noviembre. Fuentes policiales confirmaron que el resto de comisarías de Madrid han recibido esa misma instrucción. El número de detenciones cambia en función de la población de cada distrito, así en Ciudad Lineal o Usera el cupo alcanza la cifra de entre 100 y 120 detenidos, según fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) consultadas por EL IMPARCIAL.



El secretario general del SUP en Madrid, Felipe Birhuega, ha confirmado a EL IMPARCIAL la existencia de órdenes verbales sobre este asunto desde el pasado mes de noviembre. Las órdenes impartidas sobre extranjeros proceden de una reunión de comisarios en la Jefatura Superior de Policía celebrada el 12 de noviembre de 2008, y el número de detenidos al mes viene determinado por la Ley de Extranjería. "Nosotros ya lo denunciamos ante la Jefatura. No entendemos el cupo de extranjeros "sin papales" detenidos, puesto que no hay determinadas cuantas detenciones debe haber de asesinos, ladrones u otro tipo de delincuentes"

Por otro lado, Birhuega ha afirmado que esta función "no se ajusta" a las labores policiales que se fundamentan en "velar por la seguridad ciudadana y no meros trámites administrativos. Así, mientras los policías están en la calle arrestando extranjeros, que no son delincuentes, dejan de cumplir otras órdenes en materia de seguridad. Se trata de un trabajo de escaparate estadístico".

El problema añadido es que estos detenidos quedan en la calle a las pocas horas. Tras los arrestos, arranca un trámite de expediente de expulsión que "dura meses y que la Delegación de Gobierno no tiene medios para gestionar" debido al gran número de ilegales. En la nota, a través de la cual se trasladan a los agentes de Villa de Vallecas las instrucciones recibidas en esa reunión, se incluyen las pautas para actuar tras la detención: "Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros)", recoge el documento. Si un extranjero no tiene documentación en regla para residir en España es conducido a comisaría, donde se le incoa un expediente de expulsión. A continuación, debería ser trasladado al CIE hasta que se tramita dicha expulsión, pero la saturación de estos centros hace que habitualmente queden en libertad con el expediente de expulsión en el bolsillo.

Marroquíes, la prioridad
En este sentido, la nota citada recomienda dar prioridad para enviar al CIE a los marroquíes, ya que en el plazo máximo de internamiento de 40 días que marca la Ley -el Gobierno ya ha anunciado que se ampliará a 60-, se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible, al realizarse la mayor parte del traslado por carretera. "Marruecos, prioritario (Se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia, no se expulsan en la actualidad. Capacidad de plazas en vuelo, limitadas)", se afirma en el documento.

Objetivo: "Maquillaje" de las cifras de delincuencia
Asimismo, los sindicatos policiales se han pronunciado reiteradamente contra el "maquillaje" y la "opacidad" de las cifras de delincuencia que ofrece el Ministerio del Interior.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su portavoz, Mauricio Valiente, afirmó que es "innegable el incremento de la presencia policial y las redadas y operativos masivos que se están produciendo en algunas grandes ciudades, especialmente Madrid y Valencia". "Entendemos que en puntos concretos como los colegios, donde se hacen identificaciones a los padres, se podrían estar vulnerando derechos fundamentales como el de la educación, porque al final el padre se va a pensar dos veces el llevar al niño al colegio o el acudir a un centro sanitario", declaró a Europa Press.