CGPJ cifra en 35% el seguimiento de la huelga, frente al 62% de los convocantes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado en un 35,47 por ciento el seguimiento de la huelga de jueces, frente al 62 por ciento que han contabilizado las asociaciones Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), convocantes de la protesta.

Según los datos facilitados por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia al CGPJ, del total de jueces en ejercicio en nuestro país (4.570), el número de magistrados en huelga hoy es de 1.621, siendo Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía las comunidades en las que se ha registrado un mayor seguimiento.

En concreto, en Valencia 254 jueces se han declarado en huelga, 239 en Cataluña, 222 en Madrid y 202 en Andalucía.

Según estos datos, en Galicia 116 magistrados han secundado el paro, 105 en Canarias y 84 en Murcia.

Los datos provisionales del órgano de gobierno de los jueces difieren considerablemente de los ofrecidos por las asociaciones convocantes del paro, que a las 14.00 horas cifraban en un 62,6 por ciento el seguimiento.

No obstante, para obtener este porcentaje las asociaciones han calculado que el número de jueces en activo llamados a la huelga, excluyendo a los sustitutos, las plazas vacantes y las bajas por enfermedad, eran 3.500, y no los 4.570 que contabiliza el Consejo General del Poder Judicial.

Según la AJFV y el FJI, 2.192 jueces están hoy en huelga, y de ellos 343 han parado en Valencia, 281 en Cataluña, 279 en Madrid y 372 en Andalucía.

En Galicia las asociaciones tienen constancia de que han hecho huelga 242 jueces, 113 en Canarias y 94 en Murcia.

Tras esta primera huelga de jueces en España, el CGPJ ha considerado en una nota que las movilizaciones "ponen de manifiesto que existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española, que nos exige ahora a todos, CGPJ, Ministerio, CCAA y, obviamente, a los propios jueces y magistrados, trabajar en pro de la reforma necesaria".

Igualmente, destaca el alto grado de responsabilidad de los jueces, especialmente de aquellos que "en su mayoría" han decidido atender a los ciudadanos, y reitera su voluntad de seguir trabajando para conseguir dicha reforma de la Justicia.

Éxito de convocatoria
"Queremos que los jueces y el Gobierno central dialoguen para ver las necesidades de la Justicia con el fin de acometer una verdadera transformación de la Justicia en España", aseveró el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, en la rueda de prensa ofrecida en los Juzgados ordinarios de Madrid para aportar los datos reunidos hasta las 14:00 horas.

Sexmero celebró el éxito de la convocatoria en toda España, pese a "las dificultades y presiones" que han tenido en el últimos mes. "Estamos bastantes satisfechos", resaltó el portavoz de una de las asociaciones convocantes.

Benito Raboso, de Foro Judicial Independiente, puso el acento en el respaldo obtenido, teniendo en cuenta el desmarque de las asociaciones mayoritarias, como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD). "Hubiéramos deseado que todos estuviéramos juntos", reseñó.

Raboso insistió en que los jueces y magistrados han seguido "el cauce correcto" para convocar la jornada de huelga ante "la dejadez" del Consejo General del poder judicial (CGPJ), estableciendo servicios mínimos ante la negativa del Consejo de hacerlo. Por ello, recalcó que no temen una posible sanción por parte del Consejo, puesto que el principal beneficiario de esta jornada es "el ciudadano".

"Si tenemos reconocido el derecho a la huelga, no se puede sancionar a ningún trabajador", subrayó Sexmero en alusión a que el poder Judicial pueda tomar represalias sancionadoras a tenor de que entienden que la huelga no tiene cobertura legal.

Sanciones
Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario, pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.

No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.

Demandas
Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.

Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.



Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.

Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales -ahora hay 4.400, con jueces profesionales- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.

Para Bermejo, una "paradoja"
El Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ve una "gran paradoja" y un hecho "llamativo" que los pilotos de Iberia, los controladores aéreos y los jueces se pongan en huelga en el siglo XXI, cuando el diálogo social "funciona de un modo fluido".

Esta situación choca, a su juicio, con el origen de este derecho, cuando era el proletariado quien iba a la huelga. "Hoy en pleno siglo XXI asistimos a una situación en la que el diálogo social funciona de un modo fluido y en que hay componentes que permiten afirmar una gran responsabilidad de los actores sociales y políticos. De repente, estamos asistiendo a una situación paradójica en la que no son precisamente aquellos del perfil de origen, sino pilotos de Iberia, controladores de vuelo y ahora los jueces", ha indicado, para advertir de la "gravedad" que supone que precisamente los profesionales de la magistratura se pongan en huelga cuando representan un poder del Estado.

Además, ha reclamado a las personas "con cordura" de la carrera judicial ejercer este miércoles la "responsabilidad" que se les presupone como "titulares de un poder del Estado", al tiempo que subrayó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá adoptar las "medidas" que estime necesarias ante quienes acudan a la huelga.