La sentencia sobre EpC "no zanja el problema, lo fragmenta"

El asesor jurídico de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, ha afirmado a EL IMPARCIAL que la valoración de la sentencia de los cuatro recursos a Educación para la Ciudadanía en Asturias y Andalucía que se dio a conocer este martes es muy positiva porque “se ha limitado el poder del Estado en materia educativa y se le ha reconducido hacia lo que establece el artículo 27 de la Constitución”.

Bazán ha remarcado que “la sentencia impone obligaciones a la Administración que debe utilizar la inspección para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que niega la objeción de conciencia como instrumento, pero no niega la potestad de los padres para defender sus libertades educativas y la educación moral de sus hijos”.

De esta forma, matiza, “la Administración tiene que ser garante de ese derecho y no el propio padre el que tiene que auto protegerse. Ahora, la inspección tiene que estar encima, no para controlar a los objetores, sino para controlar que los niños no sean adoctrinados”.

No zanja el problema, lo fragmenta
Lo que tiene claro el asesor jurídico de Profesionales por la Ética es que “la sentencia no zanja el problema. Marca una nueva senda para el movimiento objetor desde el punto de vista técnico jurídico”. Insiste en que “el movimiento objetor va a seguir siendo un movimiento objetor porque se puede objetar frente a los actos de adoctrinamiento”.

Bazán ha recalcado que “la consecuencia práctica en términos jurídicos de la sentencia del TS es que “difiere el problema, no lo ha zanjado, y atomiza el problema”. Entiende que “podía haber resuelto el problema reconociendo la objeción, pero lo que ha hecho es atomizarlo porque si hay que ir por cada acto de adoctrinamiento en cada escuela, eso va a multiplicar la litigiosidad” que afecta a Educación para la Ciudadanía.

Problemas para el Estado
De esto se deriva que “el Gobierno ha puesto en una posición complicada al propio Estado al tener que asumir varios miles de recursos por cada acto de adoctrinamiento que se produzca en clase”, ha señalado Bazán, que entiende que “lo que debería hacer, sencillamente, es retirar esta asignatura tal cual está establecida y poner las bases para establecer una asignatura que goce de consenso social y que en ningún caso suponga una intromisión indebida en las áreas de protección especial que tienen los padres en la educación de sus hijos”.
Además ha recordado que hay 1.750 recursos que están todavía pendientes.

Para terminar, Bazán ha explicado que “aquí no sólo no ha acabado la batalla judicial, sino que el propio Tribunal Supremo ha hecho un flaco favor al poder judicial porque ha establecido las bases para la saturación de los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Ha concluido que “podía haber resuelto el problema pero lo ha fragmentado”. Bazán cree que “el Supremo no ha medido muy bien las consecuencias para el propio Estado de Derecho desde el punto de vista de la economía de los recursos en un sistema judicial ya saturado”.