Ratificada la inhabilitación de 8 años para un alcalde de Lérida

La Audiencia de Lérida ha ratificado la condena de 8 años de inhabilitación al alcalde de Oliola, Jaume Bernaus, que le impuso el pasado mes de octubre el juzgado número 2 de Lérida, al considerar probado que realizó empadronamientos falsos para salir favorecido en las elecciones municipales de mayo de 2003.

De esta manera, al tratarse ya de una sentencia firme por prevaricación y delito electoral, el edil, perteneciente al grupo de CiU, deberá abandonar su puesto como alcalde de dicha población y no se podrá presentar a ningún cargo público electo durante un período de ocho años.

La Federación de ERC de Lérida, formación a la que se encuentra vinculada la candidatura Independientes por el Municipio de Oliola (IMO), que fueron los que denunciaron en los juzgados al alcalde, ha mostrado este miércoles su satisfacción por la ratificación de la sentencia.

El presidente de la Federación de ERC en Lérida, Ángel Vidal, ha destacado que fue gracias a los componentes de la lista vinculada a ERC de Oliola que se pudo destapar la trama de fraude electoral.

"Los miembros de la lista fueron los encargados de presentar las denuncias, en las que se demostraba que Jaume Bernaus, estaba empadronando en el municipio a gente que no residía habitualmente", ha explicado Vidal.

Vidal también ha reclamado a CDC de Lérida que se manifieste inmediatamente sobre el futuro de Bernaus, del que considera que "debería ser inhabilitado definitivamente de la política y apartado de cualquier cargo que afecte directa e indirectamente a nuestras instituciones".

Según se probó durante el juicio, Bernaus autorizó los meses previos a las elecciones municipales del 2003 empadronamientos fraudulentos que se realizaron en casa de familiares y amigos del alcalde y hasta en casas en ruinas, de manera que el censo local pasó de 194 a 248 electores.

Además, Bernaus se negó de forma deliberada, en contra de lo que prevé la normativa y omitiendo el requerimiento que le había hecho la Oficina del Censo Electoral, a iniciar el proceso de baja de oficio de los empadronados de forma irregular. Por todo ello, el alcalde fue condenado a ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público.