Manifiesto a favor del mérito y la capacidad

De forma recurrente los académicos del oficialismo se rebelan contra el sistema de oposiciones para el acceso a la condición de funcionario público. Les parece un sistema cuasifeudal y por tanto arcaico y sobrepasado. Prefieren las escuelas o centros de acreditación mucho más manejables y de los que salen habilitados los que deben serlo y no sólo los “memoriones”.

El debate se ha vuelto a plantear a raíz de la recientísima huelga de jueces, cuyo éxito ha sorprendido al Gobierno, flipado en sus ínfulas de soberbia pero gran desconocedor del generalizado hartazgo de una carrera ninguneada y pisoteada en sus justas demandas. El intento de echar a la sociedad española contra los jueces ha fracasado con estrépito. Muy al contrario, la sociedad española, por más que le haya parecido raro esto del paro de las togas, ha comprendido mejor los déficits y crónicas insuficiencias de la Administración de Justicia y se ha solidarizado con las demandas de sus actores.

Pero no desviemos nuestra atención. En días pasados un Catedrático de reconocido prestigio se ha permitido escribir lo siguiente: “A los treinta años de la Constitución, la situación que ofrece el Poder Judicial es un déficit en el sistema democrático español... La organización y funcionamiento del Poder Judicial es todavía tributaria de un modelo preconstitucional. Un buen ejemplo es el sistema de acceso a la carrera judicial... que acentúa un perfil de juez memorizador, encorsetado al muy limitado esquema del silogismo interpretativo del derecho positivo y alejado de un modelo en el que demuestre su capacidad para interpretar con solvencia las normas aplicables al caso concreto. Es decir, que impida un perfil de juez proclive al autoritarismo y la rigidez interpretativa origen de sentencias de deficiente calidad técnica y en ocasiones, carentes de un mínimo sentido de la ponderación de los intereses en conflicto, cuando no de decisiones arbitrarias”.

En las mínimas páginas un no menos emérito Catedrático dispara contra el sistema de oposiciones que califica despectivamente de “burocrático" (desconozco si le parece de la misma naturaleza el acceso a las plazas de profesor universitario), y añade que en la judicatura “la oposición libre no viene impuesta por la vigente Constitución, ¡sino que fue establecida en la de 1869!” (una Constitución extraordinariamente progresista, por cierto). No es ningún demérito, y además, querido Sr. Catedrático, las Constituciones no están para concretar tantísimo, como si fueran Estatutos de Autonomía, de reciente reforma, con más de 300 artículos llenos de apartados y subapartados. Aún entiendo menos la consideración que hace de la oposición como “especie de rito de pasaje que convierte a un joven licenciado sin experiencia, después de cinco años encerrado en su casa empollando, en miembros de una poderosa corporación con visos de casta”.

Estas palabras y otras análogas que nacen del desconocimiento y que olvidan los parámetros constitucionales para el acceso a lo público, esconden la pretensión de controlar férreamente el acceso a la carrera judicial, para que sean los jueces quienes, según su particular voluntarismo ideológico, mejor se acomoden y plieguen a su patrón. Prefieren la fiscalización, a través de una escuela que dominan perfectamente, que una oposición libre, abierta y competitiva juzgada por un tribunal independiente e imparcial que mide sí conocimientos pero también capacidades. Cosa bien distinta es que esa oposición sea perfectible, pero el sistema de acceso debe ser irrenunciable. Como dice un buen amigo prefiero un magistrado limitado pero que ascienda por antigüedad a Ennecerus que se lo deba a uno o veinte dedos.